Sucesos

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Desestimada la nulidad de pruebas solicitada por la defensa de Norbert Feher

El magistrado presidente del Tribunal del Jurado, Fermín Hernández, en el caso que se sigue contra Norbert Feher por los asesinatos cometidos en Andorra dictó, con fecha 1 de diciembre, un auto en el que desestima la nulidad de acciones solicitada por la defensa de Feher.

La defensa de Norbert Feher había solicitado que se decretase la nulidad de una prueba relacionada con los vestigios encontrados al considerar que se vulneraba la tutela judicial, el derecho de defensa del acusado y el de un proceso con todas las garantías.

Entendía la representación del acusado que en la recogida de las huellas y vestigios del
delito no se respetaron las prevenciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que, a su entender, determinaría la nulidad de la ocupación de tales vestigios y las pruebas que de aquella se derivasen, en especial los dictámenes periciales practicados sobre los mismos.

Pero en el auto se indica que “la representación del acusado, al margen de su genérica invocación de indefensión, no ha acertado a señalar cual es la concreta manipulación que esas
pruebas habrían sufrido, en qué medida esa manipulación incorrecta de las huellas y vestigios habría limitado su derecho de defensa y en qué habría variado el resultado de la diligencia si se hubiera practicado correctamente.

En su auto, el magistrado admite, a petición de una de las acusaciones particulares, que se incorpore, como prueba documental en el juicio, la constatación del procedimiento seguido en Italia contra el acusado, si bien aclara que el principio de territorialidad penal impide condenar al acusado por hechos cometidos en territorio extranjero.

Vecino de Alcañiz percibirá el complemento de maternidad por jubilación

Un pensionista de Alcañiz, padre de dos hijos, va a percibir el complemento de maternidad por jubilación. La Asesoría Jurídica de UGT Aragón ha ganado la primera sentencia en la Comunidad autónoma que reconoce este derecho a un varón y los atrasos e intereses generados desde el reconocimiento de la pensión contributiva.

Desde UGT indican que el Juzgado de lo Social de Teruel ha estimado la demanda del pensionista declarando que no son conforme a derecho las resoluciones adoptadas por el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, en respuesta a su solicitud y posterior reclamación.

En un comunicado, UGT explica que la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2020 por dicho Juzgado reconoce este derecho al alcañizano jubilado desde enero de 2020, padre de dos hijos y que solicitó el pago del complemento por maternidad ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) de Teruel.

“Este organismo desestimó la solicitud de este complemento, así como la reclamación presentado posteriormente, alegando que según el artículo 60 la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) solo se contempla “para mujeres que habiendo dos o más hijos biológicos o adoptados, causen derecho a una pensión contributiva de jubilación”.

En julio de 2020, el pensionista representado por la Asesoría Jurídica de UGT Aragón presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social Único de Teruel contra el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social. La letrada de UGT Aragón Verónica Gámez defendió el derecho a percibir este complemento en la cuantía del 2´5% (por tratarse de una pensión máxima) en base a la obligatoriedad de la aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2019 que determinó la existencia de “una discriminación directa” en el artículo 60 de la LGSS. Según esta sentencia la discriminación responde al determinar “solo a las mujeres” a disfrutar de este complemento, no estando conforme con la Directiva 79/7/CEE de 19 de diciembre de 1978 – relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social. El Tribunal europeo entiende que el artículo 60 debe considerase nulo parcialmente en cuanto a la referencia y la distinción al sexo, y por tanto ser ampliado a los hombres.

Con esta sentencia se abre la posibilidad a que otros pensionistas en Aragón – atendiendo a los criterios que establece la Ley General de Seguridad Social (ser beneficiario de una pensión contributiva de jubilación y tener dos o más hijos biológico o adoptados) puedan reclamar por vía judicial este complemento, sumándose a otras Comunidades autónomas como Madrid, Murcia, Cataluña o Canarias donde ya se han emitido sentencias en este mismo sentido”.

Incendio en una vivienda de Alcorisa

Un incendio se ha declarado este miércoles por la tarde en la cocina de una vivienda de Alcorisa, habitada por un matrimonio de personas mayores.

Tras recibir el avisto del número de emergencias 112 a las 12:20, hasta la vivienda se desplazaron cinco Bomberos y un oficial. El matrimonio se encontraba fuera de la vivienda cuando llegaron los efectivos, que procedieron a apagar los rescoldos que quedaban en la campana extractora y a ventilar la vivienda, puesto que el humo se había extendido por la totalidad de la misma.

Los Bomberos se retiraron pasadas las dos de la tarde.

También intervino la Guardia Civil, informan desde la Diputación Provincial de Teruel.

Alcañiz. Bomberos abren habitación con un niño encerrado

Un niño de corta edad estaba encerrado en una habitación de una vivienda de Alcañiz y no respondía a las llamadas de sus padres. Es el aviso que, sobre las siete de la tarde de este miércoles, recibieron los Bomberos del parque de este municipio.

Los agentes se desplazaron con dos vehículos hasta la vivienda y, tras intentar abrir la puerta que estaba atrancada, terminaron accediendo a la habitación rompiendo una ventana.

El niño se encontraba durmiendo y en buen estado de salud, indican fuentes de la Diputación Provincial de Teruel.

CHA preguntará en el Senado sobre el informe que halló la alcañizana Noelia Lorén

El grupo político CHA va a preguntar en el Senado por el informe que halló Noelia Lorén, viuda de uno de los agentes asesinados en el triple crimen de Andorra y que la Guardia Civil ocultó y no fue incorporado al sumario judicial.

“El documento desmonta su versión oficial y da la razón a las familias en su petición de investigar en una misma causa todos los delitos de Norbert Feher en el territorio”, explicó desde CHA José Manuel Salvador, anunciando que presentará una iniciativa en el Senado, a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para saber “si el Gobierno reconoce la existencia de dicho informe y los motivos por los que no se había informado de la existencia del mismo”.

José Manuel Salvador recuerda que este informe interno de la Guardia Civil “demuestra que ya se conocía, antes de los crímines cometidos, la presencia de un sospechoso en esa zona y del peligro que representaba para los habitantes de esas comarcas aragonesas porque se le atribuían entonces más de diez robos en los masicos del entorno, así como de una tentativa de asesinato”.

En este sentido, Chunta Aragonesista quiere conocer “por qué, teniendo en cuenta la información disponible en el documento, el Gobierno de España no tomó todas las medidas necesarias de prevención a la población y de protección a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Se preguntará lo siguiente:

“¿Por qué motivo no se tomaron desde el Gobierno todas las necesarias medidas de prevención a la población y de protección a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reclamando los oportunos refuerzos de cuerpos especiales del Ministerio del interior, dado que, según un informe interno de la Guardia Civil conocido públicamente en diversos medios de comunicación este mismo mes de noviembre de 2020, se pone de manifiesto, en relación a los trágicos sucesos acaecidos en Albalate del Arzobispo y Andorra (Aragón) ocurridos el pasado 5 y 14 de diciembre de 2017 respectivamente, que ya se conocía , antes de los crímines cometidos, de la presencia de un sospechoso en esa zona y del peligro que representaba para los habitantes de esas comarcas aragonesas porque se le atribuían entonces más de diez robos en los masicos del entorno, así como de una tentativa de asesinato, resultando ser esa persona la finalmente detenida por los crímenes cometidos el citado mes ?, ¿reconoce el Gobierno la existencia de dicho informe?,¿por qué motivo no se había informado de la existencia del mismo, dado el proceso judicial abierto por las repercusiones que pudiera tener a la hora de permitir una investigación
sobre la idoneidad de las decisiones tomadas en su conjunto durante esos días?, ¿tiene información el Gobierno sobre la existencia de más informes oficiales elaborados sobre la cuestión objeto de la pregunta?, ¿qué medidas se han adoptado para evitar que se reproduzcan ese tipo de situaciones?”.

Caspe. Obligadas a prostituirse tras operarse los senos

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a siete personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Durante la operación, denominada “Cárpatos-Liberty-Luboca” han sido liberadas 5 mujeres de ejercer la prostitución contra su voluntad.

Con la colaboración de familiares de las víctimas, de diferentes países, les prometían trabajo en España en el sector hostelero. Pero les obligaban a prostituirse tras operarse los senos y a saldar falsas deudas. Si no lo hacían les amenazaban con hacerles daño a ellas y a sus familiares.

El cabecilla de la red, asentado en Caspe, era el encargado de supervisar la actividad de la organización. Esta persona tenía fuertes medidas de autoprotección, como armas o personal a cargo de su seguridad y controlaba todos los locales empleados en la trama y a sus trabajadores.

En Caspe los componentes de la organización regentaban un club de alterne, un gimnasio y una pizzería.

La operación continúa abierta por lo que nos se descartan nuevas detenciones.

Los agentes han llevado a cabo diez registros, nueve en Caspe y uno en Barcelona.

La investigación comenzó en el mes de junio del 2019 tras tomar declaración a un testigo protegido quien, en su declaración, puso de manifiesto haber sido víctima de una posible organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, teniendo conocimiento de que había más personas en su misma situación.

En octubre de 2019, se inició una investigación tras tener conocimiento de una agresión a una joven de 18 años, nacionalidad extranjera y embarazada, ocurrida en Caspe. Durante el traslado de la víctima al hospital para atenderle de las lesiones que presentaba, se comprobó que no portaba documentación (ya que no estaba en su poder), así como que no había acudido a las revisiones ginecológicas por su estado de gestación, a pesar de haber sido citada para ello.

Tras la investigación realizada se determinó que la joven trabajaba en un club de alterne ubicado en la localidad de Caspe, sin estar asegurada como trabajadora en la Seguridad Social, y que gran parte del dinero que ganaba era entregado a la Madame, la cual sería la encargada de trasladar a la víctima desde el lugar de trabajo a su domicilio para que no tuviera contacto con sus clientes fuera del local.

Meses después y, tras varias gestiones, se consiguió identificar a varias personas relacionadas con la organización. Tras analizar la información obtenida se pudo comprobar que las víctimas eran captadas en su país de origen por una persona residente en España quien, con la promesa de una vida mejor, las convencía para venir a nuestro país a ejercer la prostitución.

Una vez aceptada la oferta, las mujeres eran obligadas a llevar a cabo una cirugía de aumento de senos y se les facilitaba el billete de avión y todo lo necesario para el cruce de fronteras. Todo ello se realiza con la colaboración de dos familiares, residentes en el país de origen, quienes se encargaban de trasladarles al cirujano y hacerles entrega de los pasajes de avión, además de darles las instrucciones precisas sobre lo que deben manifestar al llegar al espacio Schengen para no tener problemas en el cruce de fronteras.

Una vez en España, eran recogidas por miembros de la organización y obligadas a ejercer la prostitución en diversos lugares de la geografía española y en Alemania, comunicándoles entonces que han adquirido una deuda desorbitada con ellos -entre diez mil y doce mil euros-, siendo constantemente amenazadas por ella y por su pareja, un ciudadano alemán, con realizarles algún daño a ellas o a sus familias si no satisfacían esas cantidades. Además, a fin de conseguir de las víctimas una mayor rentabilidad cada cierto tiempo les obliga a ejercer en lugares diferentes como Barcelona, Oviedo, Zaragoza o Alemania, imponiéndose además el sistema de multas a fin de que la deuda aumente paulatinamente.

Entre los lugares en los que eran obligadas a ejercer la prostitución se encontraba un club de la localidad de Caspe. Para llegar al local, las víctimas eran recogidas en Barcelona y trasladadas en vehículo hasta el lugar. La organización contaba con dos personas que ejercían como lugartenientes y tenían bajo su control el club de prostitución, así como otros negocios mediante los cuales se blanquea el dinero procedente de la explotación sexual y en los que trabajan otros miembros de la organización investigada, tales como una pizzería y un gimnasio, donde también se trafica con sustancias anabolizantes prohibidas.

Fruto de la investigación, se llevaron a cabo un total de 10 registros, 9 de ellos en el término municipal de Caspe y uno en Barcelona, en domicilios de los sospechosos y locales que también eran regentados por los componentes de la organización, tales como un club de alterne, un gimnasio y una pizzería, ubicados estos últimos en la ciudad de Caspe.

En dichos registros fueron intervenidas, armas largas, un arma corta con su munición, multitud de anabolizantes, cocaína y utensilios para su adulteración, más de 25.000 euros en efectivo, equipos informáticos y documentación relevante para la investigación, que están siendo analizadas por los especialistas de ambos cuerpos policiales.

La forma de captar a las víctimas en la rama asentada en Caspe era la conocida como “LoverBoy”, consistente en que un hombre de la organización asentado en el país de origen de las futuras víctimas, se encargaría de “engatusar” a las mujeres hasta conseguir que fueran sus parejas sentimentales y convencerlas posteriormente para que viajasen a España prometiéndoles un puesto de trabajo en hostelería.

Una vez convencidas, esta persona les facilitaba todo lo necesario para llevar a cabo el viaje a nuestro país, donde les estarían esperando otros miembros de la red para trasladarlas hasta un domicilio donde se les comunicaba la deuda contraída y la actividad que debían desarrollar para saldarla, siendo amenazadas con daños personales si no lo hacían. Pasado un tiempo el encargado de captar a las mujeres regresaba a España con el cometido de controlar la actividad que realizaban e incluso llegando a agredir físicamente a alguna de ellas, cuyas agresiones podrían haberse camuflado como episodios de violencia de género al comunicar que la agresión había sido efectuada por su pareja sentimental.

En otro escalón se encontrarían los encargados de gestionar el dinero obtenido en otros locales de la organización para blanquear el dinero obtenido tanto en la prostitución como en el tráfico de drogas y anabolizantes, cuya venta se realizaba en los propios locales.

Investigados por motores robados usados en pruebas de MotorLand

La Guardia Civil comenzó a investigar en el año 2019 unas supuestas irregularidades a raíz de una inspección a varios vehículos participantes en una prueba de Autocross en MotorLand.

Los vehículos que se usaban en algunas competiciones utilizarían motores que procederían de motocicletas sustraídas en varias provincias españolas y de fuera de este país.

“Los motores recuperados, en muchas de las ocasiones, habían cambiado varias veces de propietario, dificultando con ello las investigaciones de los agentes de la Guardia Civil”.

El Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de la Comandancia de Teruel, ha investigado a diez personas como presuntas autoras de varios delitos de falsedad y robo, por estos hechos, y ha recuperado 25 motores de motocicletas sustraídos.

Las diligencias instruidas junto con los motores recuperados, fueron puestos a disposición del Juzgado Decano de Alcañiz.

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