Política
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El Ministerio de Política Territorial y Función Pública publicó ayer miércoles las percepciones económicas de alcaldes, incluyendo las asistencias, funcionarios y presidentes de diputaciones en el año 2018.
El alcalde del Bajo Aragón que más cobró fue la de Andorra, Sofía Ciércoles, que tenía dedicación exclusiva: 40.081,52 euros.
El alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, cobró 33.786,64 euros teniendo dedicación parcial.
Con dedicación exclusiva, el alcalde de Castelnou, José Miguel Esteruelas, cobró 33.417,12 euros.
Los alcaldes de Calanda y Caspe, sin dedicación, cobraron un total de 800 euros y 5.918 euros respectivamente.
Hubo Ayuntamientos que no remitieron la información sobre percepciones de alcaldes y concejales. Fue el caso de Albalate del Arzobispo, Arens de Lledó, Lledó, La Cerollera, Fórnoles y Torre de Arcas.
El presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón Millán cobró, teniendo dedicación exclusiva, 56.947,52 euros.
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El alcañizano Joaquín Egea es el candidato número uno al Senado por el partido político, también plataforma ciudadana, Teruel Existe.
La andorrana Ana Balaguer Barrachina es la candidata número tres al Congreso.
La plataforma quiso entrar en la política para lograr sus objetivos, para ello necesitaba 1.100 firmas y consiguió 6.781, según ha indicado este martes en una rueda de prensa.
El primer candidato al Congreso es Tomás Guitarte, seguido de Manuel Gimeno. Para el Senado, siguen a Egea Beatriz Martín y Alba Polo.
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El Comité Electoral del Partido Popular de Teruel presenta a los mismos candidatos que en las pasadas elecciones para el Congreso de los Diputados y el Senado.
Al congreso presenta al alcalde de Calanda, José Alberto Herrero Bono, como número uno, seguido de Raquel Clemente Muñoz y Elena Asensio García.
Para el Senado, a Manuel Blasco Marqués, Carmen Pobo Sánchez y al alcañizano Miguel Ángel Estevan Serrano.
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La cuenta general del 2018 fue sometida al pleno de este lunes del Ayuntamiento de Alcañiz. El equipo de Gobierno dijo que la deuda a fecha del 31 de diciembre del 2018 era de 7,5 millones. Esta deuda incluye los 2,3 millones de euros de adelanto del canon de la empresa gestora del agua municipal, Aquagest (hoy Aquara), a cambio de una prórroga del contrato, una gestión que realizó el anterior gobierno (PP-PAR) y que una sentencia declaró nula.
Este mismo lunes, informó el equipo de Gobierno, el interventor ha dejado claro en su informe que hay esos 2,3 millones hay contemplarlos como deuda.
El PAR declaró que el año pasado el examen del interventor decía que no era deuda y este año dice que sí lo es, remitiéndose a que se trata de algo técnico y no político y naturalizó: “lo que tenemos que hacer es contabilizarlo” como deuda.
El PP dijo que respeta el actual informe del interventor, acatando la contabilización de ese dinero como deuda, y argumentó en su defensa que el adelanto de canon se pidió para poder pagar a proveedores por falta de dinero.
La cuenta general del 2018 fue aprobada por unanimidad.
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El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcañiz (PSOE – Ciudadanos – IU) dijo la semana pasada que según un informe de Hacienda y según el interventor municipal el consistorio debe los 2,3 millones de euros que el PP recibió de la empresa gestora del agua municipal, Aquagest, en concepto de adelanto de canon a cambio de una amplia prórroga del contrato.
Deuda, declaró el equipo de Gobierno, que no fue reconocida por el PP en la pasada legislatura, por lo que le acusó de mentir a los ciudadanos.
El PP ha respondido a esas declaraciones este lunes. “No hay ningún informe del Ministerio, solo un correo electrónico” que se envió hace unos cinco años entre funcionarios, dijeron los concejales populares Anabel Fernández y Nacho Carbó, explicando que se trató de una consulta que le hizo el interventor a un funcionario de Hacienda y que no condicionó nada.
Carbó dijo que el interventor municipal “no quiso cambiar la naturaleza” de su informe sobre las cuentas municipales “tras el e-mail”.
Por ello, dijo Fernández, el PP se basó en todo caso en el informe de intervención, que no contabilizaba la deuda de Aquagest. Si algún día un informe dice que es deuda, “se asume, no tengo ningún problema”, declaró Anabel, pero actualmente, insistió, no hay ningún informe que la contemple.
Por ello, los concejales del PP calificaron las declaraciones del equipo de gobierno de “afirmaciones sin consistencia”.
Si hay o no deuda, manifestó Nacho Carbó, “no lo tiene que decir un político, sino un interventor”.
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El Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Alcañiz ha convocado una comisión de Hacienda urgente para “aclarar” las declaraciones que el equipo de Gobierno (PSOE – Ciudadanos – Ganar) hizo sobre varias actuaciones del gobierno anterior (PP-PAR) mientras explicaba en rueda de prensa la Cuenta General del Ayuntamiento del 2018.
Entre ellas dijo que había llegado una factura de 60.000 euros por el “alquiler de una campa” para depositar los enseres del derrumbe del cerro Pui Pinos.
El PAR va a solicitar información para aclarar “si se ha pagado esa factura y de ser así quien la ha pagado ya que no ha pasado por ninguna comisión de hacienda”.
También dijo el equipo de gobierno que según Hacienda y el Interventor municipal “son deuda” los 2,3 millones que la empresa gestora del agua municipal, Aquagest, adelantó al consistorio en concepto de canon a cambio de una prórroga del contrato.
Ante esas declaraciones, los aragonesistas manifiestan lo siguiente: “nos hemos enterado hace unos días que se recibió un mail de la agencia tributaria al Ayuntamiento en contestación a una consulta sobre la contabilización del canon de saneamiento de Aquagest, donde decía que consideraban que era una operación de crédito”. “En cuanto el PAR ha tenido constancia de este documento se han formulado en la primera comisión de hacienda de hace unos días varias consultas:
Fecha de recepción del mail.
Quién envió la consulta y quién la recibió.
A quién se trasmitió el contenido de este mail (técnico y político).
Si es vinculante este mail de Hacienda”.
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Tanto el Ministerio de Hacienda como el interventor municipal aseguran que los 2,3 millones de euros que el PP recibió de la empresa gestora del agua municipal, Aquagest (hoy Aquara), en concepto de adelanto de canon a cambio de una amplia prórroga del contrato, son deuda.
Sin embargo, el gobierno de la pasada legislatura (PP-PAR) no la contabilizó como tal, anunciando que la deuda del Ayuntamiento era menor.
Sumando esos 2,3 millones, la deuda del Ayuntamiento de Alcañiz, indicó el alcalde, Ignacio Urquizu, es de 8,3 millones de euros.
El actual equipo de Gobierno (PSOE – Ciudadanos – IU-Ganar) deberá devolverla y todavía no ha decidido cómo. Urquizu, dijo al respecto que hay varias opciones, citando como ejemplos la solicitud de un préstamo o la “espera de un ingreso extraordinario”.
Por el momento, dijo Urquizu, la empresa gestora del agua no ha reclamado el dinero al consistorio.
Recordamos que el Juez declaró ilegal la prórroga del contrato.
Por otra parte, basándose en la Cuenta General del 2018, el equipo de Gobierno enumeró varias actuaciones del gobierno anterior, las cuales calificó de mala gestión.
Entre ellas, que el 66% de las subvenciones de este año se concedieron de manera arbitraria, sin justificar el motivo de su concesión ni la cuantía o que se perdieron varias subvenciones, entre ellas la de 200.000 euros para las obras de saneamiento de aguas del camping, que tuvo que asumir el consistorio.
