Política
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El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcañiz (PSOE – Ciudadanos – IU) dijo la semana pasada que según un informe de Hacienda y según el interventor municipal el consistorio debe los 2,3 millones de euros que el PP recibió de la empresa gestora del agua municipal, Aquagest, en concepto de adelanto de canon a cambio de una amplia prórroga del contrato.
Deuda, declaró el equipo de Gobierno, que no fue reconocida por el PP en la pasada legislatura, por lo que le acusó de mentir a los ciudadanos.
El PP ha respondido a esas declaraciones este lunes. “No hay ningún informe del Ministerio, solo un correo electrónico” que se envió hace unos cinco años entre funcionarios, dijeron los concejales populares Anabel Fernández y Nacho Carbó, explicando que se trató de una consulta que le hizo el interventor a un funcionario de Hacienda y que no condicionó nada.
Carbó dijo que el interventor municipal “no quiso cambiar la naturaleza” de su informe sobre las cuentas municipales “tras el e-mail”.
Por ello, dijo Fernández, el PP se basó en todo caso en el informe de intervención, que no contabilizaba la deuda de Aquagest. Si algún día un informe dice que es deuda, “se asume, no tengo ningún problema”, declaró Anabel, pero actualmente, insistió, no hay ningún informe que la contemple.
Por ello, los concejales del PP calificaron las declaraciones del equipo de gobierno de “afirmaciones sin consistencia”.
Si hay o no deuda, manifestó Nacho Carbó, “no lo tiene que decir un político, sino un interventor”.
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El Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Alcañiz ha convocado una comisión de Hacienda urgente para “aclarar” las declaraciones que el equipo de Gobierno (PSOE – Ciudadanos – Ganar) hizo sobre varias actuaciones del gobierno anterior (PP-PAR) mientras explicaba en rueda de prensa la Cuenta General del Ayuntamiento del 2018.
Entre ellas dijo que había llegado una factura de 60.000 euros por el “alquiler de una campa” para depositar los enseres del derrumbe del cerro Pui Pinos.
El PAR va a solicitar información para aclarar “si se ha pagado esa factura y de ser así quien la ha pagado ya que no ha pasado por ninguna comisión de hacienda”.
También dijo el equipo de gobierno que según Hacienda y el Interventor municipal “son deuda” los 2,3 millones que la empresa gestora del agua municipal, Aquagest, adelantó al consistorio en concepto de canon a cambio de una prórroga del contrato.
Ante esas declaraciones, los aragonesistas manifiestan lo siguiente: “nos hemos enterado hace unos días que se recibió un mail de la agencia tributaria al Ayuntamiento en contestación a una consulta sobre la contabilización del canon de saneamiento de Aquagest, donde decía que consideraban que era una operación de crédito”. “En cuanto el PAR ha tenido constancia de este documento se han formulado en la primera comisión de hacienda de hace unos días varias consultas:
Fecha de recepción del mail.
Quién envió la consulta y quién la recibió.
A quién se trasmitió el contenido de este mail (técnico y político).
Si es vinculante este mail de Hacienda”.
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Tanto el Ministerio de Hacienda como el interventor municipal aseguran que los 2,3 millones de euros que el PP recibió de la empresa gestora del agua municipal, Aquagest (hoy Aquara), en concepto de adelanto de canon a cambio de una amplia prórroga del contrato, son deuda.
Sin embargo, el gobierno de la pasada legislatura (PP-PAR) no la contabilizó como tal, anunciando que la deuda del Ayuntamiento era menor.
Sumando esos 2,3 millones, la deuda del Ayuntamiento de Alcañiz, indicó el alcalde, Ignacio Urquizu, es de 8,3 millones de euros.
El actual equipo de Gobierno (PSOE – Ciudadanos – IU-Ganar) deberá devolverla y todavía no ha decidido cómo. Urquizu, dijo al respecto que hay varias opciones, citando como ejemplos la solicitud de un préstamo o la “espera de un ingreso extraordinario”.
Por el momento, dijo Urquizu, la empresa gestora del agua no ha reclamado el dinero al consistorio.
Recordamos que el Juez declaró ilegal la prórroga del contrato.
Por otra parte, basándose en la Cuenta General del 2018, el equipo de Gobierno enumeró varias actuaciones del gobierno anterior, las cuales calificó de mala gestión.
Entre ellas, que el 66% de las subvenciones de este año se concedieron de manera arbitraria, sin justificar el motivo de su concesión ni la cuantía o que se perdieron varias subvenciones, entre ellas la de 200.000 euros para las obras de saneamiento de aguas del camping, que tuvo que asumir el consistorio.
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Según indicó este miércoles el concejal de economía del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Baigorri, la nueva piscina climatizada que el PP anunció como el proyecto estrella de su programa electoral, no tiene partida presupuestaria desde abril.
Esa partida, de 500.000 euros, se eliminó en la pasada legislatura. Ya no figuraba en el Plan Económico que presentaron el PP y el PAR, entonces en el gobierno, y que se aprobó en un pleno del pasado mes de abril (antes de las elecciones).
En cambio, el proyecto de la piscina sí salió a licitación.
Los grupos que hoy están en el gobierno y que entonces eran oposición (PSOE, Ciudadanos e IU-Ganar) aprobaron el plan, sabiendo que había proyecto pero no partida para ejecutar la piscina.
El alcalde, Ignacio Urquizu, restó ayer importancia a este hecho. Dijo que existiendo proyecto, la piscina podría realizarse en el futuro, aunque antes estudiarán si es necesario construir una nueva o hay otras opciones.
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La organización de la Diputación Provincial de Teruel tuvo lugar en el pleno de ayer martes. El presidente es Manuel Rando (PSOE) y el vicepresidente Alberto Izquierdo (PAR).
El alcalde de Andorra y también senador, Antonio Amador (PSOE), será el delegado de Presidencia y Relaciones Institucionales, percibiendo un sueldo de 56.000 euros al año, por dedicación completa. Renunciará a su cargo de senador y este puesto lo ocupará el alcalde de Ariño, Joaquín Noé.
También tendrán dedicación exclusiva la concejal alcañizana Berta Zapater (PAR), el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné (PP), Ana Cristina Lahoz (PSOE), el alcalde de La Puebla de Híjar, Pedro Bello (Ganar IU-UP), que serán portavoces de sus grupos, percibiendo un sueldo anual, cada uno, de 43.000 euros.
Además, Berta Zapater, se hará cargo del área de Empresas Participadas y Convenios.
Antonio Pérez, concejal de Alcorisa, será el responsable de Agricultura y Ganadería.
Alfonso Pérez, alcalde de Samper de Calanda, será delegado de Cooperación.
El alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo (PP), será delegado de Recaudación.
Susana Traver (PSOE), alcaldesa de Valjunquera, llevará Economía y Hacienda, Función Pública y Régimen Interior.
Podrán tener dedicación parcial, cobrando cada uno algo más de 36.000 euros, o cobrar por asistencias a comisiones y a plenos.
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El Ayuntamiento de Caspe tuvo su primer pleno ordinario de la legislatura la semana pasada. En él se anunció, que, al igual que en la pasada legislatura, “ningún concejal del equipo de gobierno percibirá sueldo por dedicación exclusiva o parcial. Todos los integrantes de la corporación municipal percibirán únicamente las dietas por asistencia a los órganos colegiados y los gastos ocasionados en ejercicio de su cargo, siempre previa justificación documental”.
Entre los diferentes puntos aprobados hubo varias modificaciones presupuestarias que permitirán incorporar remanentes al presupuesto de 2019 con los que afrontar diferentes gastos entre los que se encuentran el pago de varios proyectos, la reparación de la climatización del Ayuntamiento, el incremento de los sueldos de los trabajadores municipales establecido por Ley, los futuros gastos de mantenimiento de instalaciones municipales o la implantación de la Universidad de la Experiencia, entre otros.
Además, se aprobaron varios puntos por unanimidad, como la declaración de interés o utilidad pública de las obras de ampliación de la sede de la institución comarcal del Bajo Aragón-Caspe, lo que supondrá una bonificación en la cuota del impuesto de ICIO, la inclusión de las parcelas de titularidad municipal en la solicitud de concentración parcelaria de la zona de la margen izquierda del río Ebro y el convenio entre el Ayuntamiento de Caspe y ADIF, que permitirá la construcción de la nueva estación de autobuses en los terrenos del recinto de la estación de ferrocarril de Caspe.
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Pablo Casado dirigente del PP a nivel nacional ha renovado su Comité Ejecutivo, incorporando a nuevos miembros afines a su ideología dentro del partido.
Entre los nuevos miembros se encuentra Alberto Herrero, alcalde de Calanda, que ha sido nombrado responsable de Movilización, dentro del área de Organización.
Herrero manifestaba este martes a través de las redes sociales lo siguiente al respecto:
“Satisfecho y muy agradecido a nuestro presidente, Pablo Casado, y a la dirección de mi partido político por la nueva responsabilidad como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular en el área de Organización. Gracias por la confianza en mi persona. No os defraudaré”.
