Sucesos

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Alcañiz, entre las actuaciones de la Policía Local durante el fin de semana de MotoGP se llevaron a cabo las siguientes:

Se realizaron tres controles de alcoholemia, practicándose un total de 106 pruebas, de las cuales 3 dieron un resultado positivo y fueron cursadas como denuncia administrativa al no superar ninguna la tasa penal establecida.

Se cursó un acta-denuncia a un establecimiento hostelero por sobrepasar el horario de cierre fijado por la situación sanitaria por coronavirus.

Se denunció al propietario de un domicilio por celebrar una fiesta en el mismo causando molestias al vecindario.

Se denunció a un ciudadano por miccionar en la vía pública.

Se retiró al depósito municipal un vehículo estacionado en la vía pública que carecía de seguro obligatorio.

Se atendió a una persona indispuesta en la vía pública y a otra que sufrió una caída con dislocación de hombro. Ambas fueron trasladadas por servicios sanitarios al hospital comarcal de Alcañiz.

Después de que el Gobierno de España premiase a 18 miembros de la Guardia Civil que participaron en el dispositivo de Andorra para detener a Norbert Feher, un suceso que terminó con los asesinatos de José Luis Iranzo y de los Guardias Civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero en el 2017, la plataforma Amigos de Iranzo, pidió la retirada de estos premios, considerando las condecoraciones “un insulto para toda la gente que vio cómo no se hizo nada durante los nueve días que pasaron” desde los tiroteos a dos vecinos de Albalate del Arzobispo hasta los tres asesinatos de Andorra.

La plataforma solicitó por cara el pasado 18 de agosto una posición (a favor o en contra) de la revocación de estos premios “a todas las instituciones, representantes políticos y partidos de Teruel y Aragón que en 2019 se adhirieron al comunicado de esta Plataforma, que reclamaba respuesta a las 87 preguntas sin respuesta que hay todavía hoy registradas en la Subdelegación del Gobierno de Teruel”.

Este ha sido, informan desde la plataforma, el resultado de su solicitud:

Nadie desde el ámbito ministerial se ha pronunciado en ningún foro sobre estas condecoraciones, ni siquiera para explicar el motivo por el que han sido concedidas. Ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; ni el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; ni la directora general de la Guardia civil, María Gámez; ni la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría; ni el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro han considerado dar una mínima explicación a tan polémica concesión.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio su visto bueno a la publicación de estas medallas y de su puño y letra depende, aún lo tiene en su mano, su revocación inmediata.

Las instituciones y representantes políticos de esta comunidad tampoco han tenido ni un
minuto en los más de dos meses desde que las recibieron para responder a nuestras cartas.
Ni el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ni el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, ni el delegado territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Benito Ros han considerado necesario siquiera pronunciarse al respecto.

Tampoco ha respondido ninguno de nuestros representantes en Madrid: los diputados Tomás Guitarte, Herminio Sancho y Alberto Herrero y los senadores Joaquín Egea, Beatriz Martín, Manuel Blasco y Carmen Pobo.

Somos turolenses, aragoneses y, solo por ello, nuestros representantes políticos deberían
sentirse en la obligación de responder a unos ciudadanos que están trasladando un tema de importancia para mucha gente como nosotros, que se suma además a la larga lista de agravios, ya imposibles de tapar, que estamos sufriendo desde el mismo día 5 de diciembre de 2017.

Es posible que consideren que “cuatro amigos” que llevan pidiendo justicia desde hace casi tres años no merezcan de su preciado tiempo. Pero aun así, podrían demostrar algo de ética y sensibilidad hacia las propias familias de los asesinados, las que llevan sufriendo esos mismos casi tres años, que igualmente han mostrado públicamente su malestar y han pedido oficialmente le revocación de estas indignas medallas. Ni siquiera por ellas lo han considerado.

En cuanto a los ayuntamientos, solo Ariño, Albalate, Crivillén y Andorra nos han respondido,
posicionándose en contra de la concesión de estas medallas. El Ayuntamiento de Andorra ha dado un paso más, se ha personado en el juzgado y ha solicitado formalmente la retirada de las condecoraciones.

En cuanto a las comarcas, solo la Comarca del Bajo Aragón y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos han respondido a nuestra carta, eso sí, las dos mostrando su rechazo explícito a estas medallas. La Comarca de Andorra también ha presentado en el juzgado su respectivo recurso de reposición.

Esta Plataforma envió la misma carta a todos los partidos con representación en las Cortes de Aragón (con los que nos reunimos en su momento) y a todos los partidos políticos de la provincia de Teruel (todos ellos nos dieron su apoyo firmando nuestro documento de "adhesión" de fecha 4 de marzo de 2019 en el que pedíamos información y las respuestas a nuestras 87 preguntas).

PODEMOS, CHA e IU respondieron dando su apoyo y posicionándose en contra de estas medallas y a favor de su retirada inmediata.

PSOE y Ciudadanos respondieron solicitándonos que se dejen en suspenso mientras haya un proceso judicial abierto.

Teruel Existe, VOX, PP y PAR no han considerado necesario respondernos.

En paralelo, la Plataforma Amigos de Iranzo presentó un recurso de reposición ante el Ministerio del Interior el día 26 de agosto, para solicitar formalmente la revocación de estas medallas para 8 de los 18 premiados. En concreto, solicitamos que no se entreguen al capitán de Alcañiz, Horacio Requena; al teniente coronel, Rafael Soler; al capitán jefe de la Policía Judicial de Alcañiz, Carlos Banda; al cabo Manuel Losilla y al guardia Miguel Ángel Orihuela; al teniente Melchor Bravo y a los agentes Antonio Melgar y Santiago Menjíbar, que participaron en el dispositivo del 14 de diciembre por la tarde con José Luis Iranzo. Cuando terminó el despliegue para buscar al criminal, dejaron solo a Iranzo, que se desplazó hasta su explotación ganadera, todo ello en la zona de acción ya conocida del criminal, y allí encontró la muerte a manos de Norbert Feher. Hasta la fecha, no hemos recibido la resolución que a tal efecto haya dictaminado el Ministerio del Interior”.

Mientras, desde el viernes, se disputaba en MotorLand el campeonato de MotoGP, que desembocó con el triunfo de Alex Rins el domingo, en Alcañiz y alrededores se estableció un dispositivo de seguridad que se repetirá el próximo fin de semana, pues esta ciudad acoge de nuevo otro campeonato del Mundial. En ambas ocasiones, sin público.

Durante los tres días se han realizado 300 pruebas de alcohol, 6 de ellas positivas; 10 pruebas de detección de sustancias estupefacientes, 5 de ellas positivas y 85 Infracciones al Reglamento General de Conductores. Además hay una persona investigada por tenencia y consumo de drogas y 2 más por consumo de alcohol al volante.

Desde la Guardia Civil indican que "tratándose del mayor dispositivo de seguridad en Aragón para un evento deportivo, en este caso, la falta de público ha generado que el mismo cuente con un número de efectivos más reducido que en celebraciones anteriores".

En el dispositivo de seguridad establecido por la Guardia Civil se han desplegado más de 165 agentes durante los tres días que ha durado el mismo, repartidos entre el circuito de Motorland, la ciudad de Alcañiz y su entorno. Los efectivos han actuado en cuatro dispositivos: Seguridad Vial, Orden Público, Seguridad Ciudadana y Antiterrorista.

El Subsector de Tráfico de Teruel, ha sido el responsable en materia de seguridad vial, garantizando la movilidad y la seguridad de la circulación en las vías públicas afectadas por los itinerarios de acceso al circuito, sobre todo en la N-232.

En el ámbito del circuito el orden público ha sido asegurado por la USECIC de esta Comandancia apoyado por patrullas de la Compañía de Alcañiz.

En lo concerniente a la localidad de Alcañiz y su entorno, el orden público corrió a cargo del Grupo Rural de Seguridad (GRS) número 5 de Zaragoza, y la seguridad ciudadana recayó en la propia Compañía de Alcañiz.

Además de estas Unidades señaladas, el dispositivo contó con otros apoyos operativos:

⦁ Un helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca.

⦁ Equipos TEDAX de Zaragoza y Madrid, que realizaron su labor junto al equipo de búsqueda y localización de explosivos de la Comandancia de Teruel (EBYL) y efectivos con perros del grupo cinológico (UCEs) con base en Zaragoza.

⦁ Grupo especial de actividades subacuáticas (GEAS), desplazado desde Huesca.

Por primera vez, dentro del operativo, ha participado el Equipo PEGASO con base en la Comandancia de Teruel. Unidad de reciente creación que apoya en los trabajos de vigilancia de las aeronaves pilotadas por control remoto al Equipo UAV del Grupo de Acción Rápida (GAR) llegado desde Logroño. Este último ha sido el encargado, mediante la utilización de drones, de la supervisión y control del uso del espacio aéreo restringido durante la competición.

Todo el dispositivo de seguridad se ha dirigido desde el centro de mando (CEMAN) de la Guardia Civil instalado en el circuito, compuesto por el Coordinador de Seguridad del evento y apoyado por personal de la central operativa de servicios y de tráfico (COS y COTA), los cuales, han recibido las alertas y avisos de las incidencias y las han derivado a los diferentes agentes para que las pudieran resolver.

"Este amplio dispositivo ha finalizado en la tarde del domingo 18 sin ninguna incidencia destacable", indicaron las mismas fuentes.

Una persona resultó herida de gravedad en un accidente de tráfico el pasado domingo en Castellote.

Se trata de J.S.P., que viajaba en una motocicleta que, según Fuentes de la Subdelegación del Gobierno, se salió de la vía, una pista de tierra que une Castellote y Mas de las Matas.

El accidente se produjo en el kilómetro 8 de esta vía.

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dictado un 

auto en el que los magistrados no ratifican la prórroga de las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón en materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Andorra.

La petición al TSJA de ratificación de medidas fue presentada por el Gobierno de Aragón el pasado viernes día 2 de octubre, un día después de que se acordara el levantamiento de las medidas adoptadas el 10 de septiembre que restringían la movilidad en el municipio de Andorra por razones de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 y sus posteriores prórrogas.

El tribunal advierte que “resulta inaceptable lo ocurrido, puesto que, además de no dirigirse al órgano competente, se pidió la ratificación en el Juzgado el 29-9-2020 a las 8:22:30 de la mañana, en el cuarto día de la eficacia de la orden, que se iniciaba el 26 de septiembre a las 00:00 horas”, recuerda que “la restricción de derechos fundamentales exige, en los preceptos que expresamente se menciona en la Constitución Española, la previa autorización judicial” y puntualiza que existe una diferencia entre autorización y ratificación.

Los magistrados explican en su auto que cuando se produce una restricción de derechos, “no es sólo relevante la razón material para restringirlos, sino la absoluta legalidad del procedimiento para hacerlo, no justificándose la restricción de los mismos únicamente en la razón de fondo, del mismo
modo que un registro de una morada sin previa autorización judicial por la policía no se justifica en haber encontrado efectos del delito en su interior”.

Por todo ello concluyen que “a la luz de todo lo razonado, consideramos que no se debe ratificar, ya que, con independencia de si podía ser razonable la prórroga en cuanto al fondo, como afirma el Ministerio Fiscal, la entrada en vigor de la misma sin previa autorización judicial, sin haberla pedido siquiera antes de que entrase en vigor, y sin haber razonado o argumentado los motivos de urgencia que podrían justificarla, hacen ilegítima la misma”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado este martes que la Justicia Española violó el derecho a presentar alegaciones a los familiares de los brigadistas de la Helitransportada de Alcorisa fallecidos en el año 2011 cuando se dirigían a extinguir un incendio forestal en Villel y su helicóptero se estrelló.

El Tribunal Europeo ha dado así la razón a Rosa García González, viuda de uno de los brigadistas fallecidos, considerando que no tuvo su derecho a un juicio justo, explicando lo siguiente:

“El caso se refería a un proceso penal para investigar un accidente de helicóptero en el que murió su
marido y otros cinco bomberos al ser transportados a un incendio forestal en Teruel.

El día del accidente, el 19 de marzo de 2011, las autoridades españolas iniciaron procedimientos para determinar la responsabilidad penal, mientras que al mismo tiempo las autoridades de aviación civil abrieron una investigación.

Las autoridades aeronáuticas emitieron su informe final en marzo de 2014, concluyendo que existía un vínculo entre el accidente y la falta de inspección de uno de los componentes del helicóptero, el servoactuador.

El juez de instrucción ordenó el cese definitivo del proceso penal en agosto de 2014, porque el caso no apuntaba a ningún delito.

Sin embargo, el juez revocó esta decisión en diciembre de 2014 después de que la Asociación de Aviación Civil Los Pilotos Comerciales, que se habían sumado al proceso para defender sus intereses, interpusieron recurso de apelación.

El juez dictaminó que se debía reabrir el caso y entablar un procedimiento contra la fábrica, empresa y / o proveedor del componente que había fallado.

La Asociación de Pilotos apeló dos veces esta decisión, solicitando que el proceso también
investigara si el propietario y el operador de la aeronave podían ser considerados penalmente responsables.

El archivo fue trasladado a la Audiencia Provincial que desestimó el recurso de apelación, confirmando la opinión pública.

La solicitud de la fiscalía de suspender el procedimiento y sus alegaciones de que las autoridades de la aviación no habían proporcionado pruebas de ningún nuevo hecho esencial, era el requisito por ley para reapertura del procedimiento.

Todas las apelaciones posteriores de la demandante, quejándose de que no se le había dado la oportunidad de impugnar la solicitud del Ministerio Público y que el informe de las autoridades aeronáuticas no había sido consideradas nuevas pruebas, no tuvieron éxito.

Basándose en el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo), la demandante alegó que había sido llevada a una desventaja frente al Ministerio Público en el proceso de apelación de su caso por no haber tenido la oportunidad de impugnar sus presentaciones o presentar sus argumentos a favor de una reapertura”. El Tribunal Europeo ha fallado que se violó ese derecho.

Información sobre las identidades de las víctimas del accidente:

ANGEL AZNAR (Superviviente).
39 años
Natural de Zaragoza residente en Ladruñán-Castellote (Teruel)

Fallecidos:

ANGUS THOMSON G.
35 años
Natural y residente en Alcañiz (Teruel)

JOSÉ RAMON MILIÁN SALAFRANCA
24 años
Natural y residente en Alcañiz (Teruel)

FRANCISCO JAVIER BENAQUE O.
33 años
Natural de Alcañiz y residente en Andorra (Teruel)

ESTEBAN GALVE G.
35 años
Nacido en Alcañiz y residente en Andorra (Teruel)

ALBERT B. (piloto)
38 años
Residente en Manresa (Barcelona)

RAFAEL ANDREU O. (Agente de Protección de la Naturaleza)
40 años
Nacido en Torre de Arcas y residente en Más de las Matas (Teruel)