Sucesos

Parte del muro que separa la carretera de El Corcho de la ribera de Alcañiz, junto a Aceites Gaibar, se desprendió este martes, llevándose un tramo de acera y a raíz de eso se rompió una tubería de agua.

Los Bomberos balizaron la zona y, tras evaluar la situación, ordenaron desalojar por prevención a diez familias de las viviendas de alrededor.

Después, los bomberos realizaron un muro de contención con sacos de arena para desviar toda el agua que salía, además de ordenar el corte del agua.

Todo esto ocurrió, entorno al medio día, junto a donde se produjo el derrumbe del cerro Pui Pinos que se llevó por delante varias viviendas en el 2017.

No fue hasta pasadas las seis de la tarde cuando se celebró una reunión de emergencia en el Ayuntamiento “para evaluar la situación y establecer posibles líneas de actuación ante las inclemencias meteorológicas”. Y, pese a que el desalojo de los vecinos de El Corcho lo habían ordenado los bomberos por la mañana, en un comunicado de alcaldía se indicaba que fruto de la reunión de la tarde se había decidido desalojarlos por precaución.

Y hasta cerca de la media noche los Bomberos del Parque de Alcañiz, a los que se sumaron voluntariamente efectivos que no estaban de servicio, estuvieron realizando tareas de poda y tala de pinos con riesgo de caer por el peso de la nieve en diferentes puntos de Alcañiz. Uno de estos puntos en el que trabajaron hasta muy tarde fue el cerro Pui Pinos, donde vecinos habían denunciado en varias ocasiones que si no actuaba el Ayuntamiento, ante la sequedad de muchos árboles, éstos podrían caerse. Y de hecho a finales del año pasado ya cayeron varios y sin nieve.

Debido a que se espera que crezca el río Guadalope a su paso por Alcañiz por las precipitaciones y el desembalse del pantano de Calanda, los Bomberos se encargaron de balizar la zona de la ribera en el casco urbano para prohibir el acceso de los vecinos.

Además de esas, ese mismo día, los Bomberos de Alcañiz actuaron en otras incidencias, tanto en esa localidad como en Calanda.

En Calanda comprobaron la estructura de una nave de cerdos cuyo tejado se había desprendido por el peso de la nieve, sin que resultase afectado ningún animal.

Dieron aviso a emergencias tras encontrar tres torres de luz que se habían cruzado en la carretera entre Calanda y Mas de las Matas, con el riesgo que suponía para la circulación.

Cortaron y retiraron un pino que se había caído sobre una vivienda habitada de Calanda, sin que se produmeran daños personales.

Atendieron a un conductor que se había quedado atascado con el camión que conducía, cargado de almidón, en el Polígono Las Horcas de Alcañiz y ayudaron a desatascarlo para que pudiera llegar hasta la fábrica.

También se lo curraron, desinteresadamente, los agricultores, que desde el primer día de la nevada, con sus propios tractores, aportaron su trabajo para hacer frente a la nieve.

Bomberos del Parque de Alcañiz sofocaron la tarde del pasado viernes un incendio en el casco urbano de Andorra. El fuego se produjo, pasadas las 17:00 h., en la calle Aragón y afectó a una zona de huertos próximos a unas viviendas.

Ardieron en total unos cien metros cuadrados de cañares y matorral.

En las tareas de extinción intervinieron dos Bomberos con un vehículo autobomba y un Bombero voluntario de Andorra con otra autobomba, además de la Guardia Civil, dándose por finalizado el servicio a las 19:00 h.

Según fuentes de la Diputación Provincial de Teruel, el fuego no estuvo relacionado con las hogueras de San Antón.

Norbert Feher, el asesino confeso de los Guardias Civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero y de José Luis Iranzo, será juzgado por la Audiencia de Teruel el próximo 28 de enero, pero no por ese crimen, sino por los tiroteos a dos personas en Albalate del Arzobispo, antes de cometerse los asesinatos de Andorra.

Además de por esos dos delitos de tentativas de homicidio, Feher será juzgado por por un delito de tenencia ilícita de arma.

El juicio comenzará a las 9:30 h. en la sala de vistas de la Audiencia Provincial y, está previsto que se realice en un solo día.

Los tiroteos de Albalate tuvieron lugar el 5 de diciembre del 2017 en una casa de campo. Dos vecinos resultaron heridos de gravedad por arma de fuego que, según la calificación provisional del Ministerio Público, podría haber sido introducida ilegalmente en España careciendo de la licencia y del permiso necesario.

En su escrito el Ministerio Fiscal manifiesta que en este caso concurren dos agravantes: la de ejecutar los hechos con abuso de superioridad y la de aprovechar las circunstancias de lugar y tiempo que debilitaron la defensa de las víctimas y facilitaron la impunidad del encausado. Por ello, pide al tribunal que se condene al procesado a la pena de nueve años y once meses de prisión por cada uno de los dos intentos de homicidio y tres años de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas. Como responsabilidad civil solicita, además, que se indemnice a los dos perjudicados con 116.821,34 euros.

Los Bomberos rescataron en la madrugada de ayer miércoles a una persona mayor que no podía moverse de la cama en su vivienda de Alcañiz.

Al encontrarse sola en casa y permanecer inmóvil pidió ayuda a través del servicio de teleasistencia.

Los efectivos recibieron el aviso a las 4:20 h., acudiendo dos Bomberos y un oficial con el camión autoescala y el furgón de rescate.

Accedieron a la vivienda a través de la ventana de la cocina haciendo uso de la autoescala, permitiendo que esta persona pudiese ser atendida. También dieron aviso a sus familiares.

Un castelserano vecino de Alcañiz, A. C. J., ha sido condenado a ocho años y seis meses de prisión por los delitos de agresión sexual, lesiones y amenazas a su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de la pareja de Alcañiz entre la noche y la madrugada del 8 al 9 de enero del año pasado.

Según se recoge en la sentencia, A. C. J., con antecedentes penales recriminó a su pareja la adicción a las máquinas de juego recreativas enzarzándose en una discusión que llevó al hombre a poner el cuchillo con el que preparaba la cena en el cuello de su compañera y a golpearla con un cazo de cocina. Luego la obligó a mantener relaciones sexuales con él y le propinó más golpes con el mismo objeto.

Ella sufrió hematomas y fracturas por diferentes partes del cuerpo.

Al condenado, que se encontraba en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos, también se le condena a la suspensión de empleo cargo público y se le prohíbe aproximarse a la víctima a menos de doscientos metros y a comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de ocho años contados desde el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Además, deberá pagar las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular, y a indemnizar a la víctima en la cantidad de 630 euros por las lesiones causadas y en la cantidad de 6.000 euros por los daños morales y al SALUD en la cantidad de 530,12 euros por la asistencia sanitaria prestada a la perjudicada.

Once personas han sido condenadas a raíz de la creación de una empresa ficticia en Alcañiz. La empresa se llamaba “Kerzazi Abdelkader” y aparentemente se dedicaba a la construcción de edificios residenciales con actividad entre los años 2007 y 2013.

Uno de los condenados, A. K., con antecedentes penales, fue el creador de la empresa, que acumuló una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 515.826,54 euros, correspondiente a todo el periodo de alta, no habiendo ingresado en dicho periodo ninguna cuota al Régimen General de la Seguridad Social, pese a figurar hasta 49 trabajadores dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en el periodo comprendido entre abril de 2009 a abril de 2013.

A. K. usó esa entidad ficticia para simular toda la documentación relativa a la contratación de trabajadores y solicitar las altas de los mismos en el Régimen General de la Seguridad Social, presentando documentación simulada para que los trabajadores, actuando en connivencia con el empresario y simulando relaciones laborales inexistentes, obtuvieran de forma fraudulenta prestaciones o subsidios por desempleo, una vez resuelta su baja en el Régimen General de la Seguridad Social.

Además, el contrato de trabajo ficticio era utilizado por los acusados para obtener los permisos de residencia temporal y de trabajo y la correspondiente tarjeta sanitaria.

Cada uno de ellos ha sido condenado a la pena de un mes y quince días de prisión que se sustituye por la de tres meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y a la pena accesoria de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la Seguridad Social o gozar de incentivos o beneficios fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de tres meses, así como a pagar las costas procesales.

Seis de los condenados deberán indemnizar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Provincial de Teruel, en las cantidades que se acrediten en ejecución de sentencia a cuyo fin deberán librarse los oficios oportunos para determinar la cantidad pendiente de pago por los hechos.