Sucesos

La Plataforma Amigos de Iranzo ha remitido cartas a cargos públicos, desde el gobierno local al de España, pidiendo que se revoquen “las medallas concedidas a los mandos responsables de nuestra seguridad en diciembre de 2017” por el caso de Norbert Feher, que terminó con tres asesinatos en Andorra.

Se suman así a la misma petición que recientemente hicieron el Ayuntamiento de Andorra y UAGA-COAG.

Desde la plataforma indican que las cartas contienen “los motivos por los que creemos que es necesario retirar estas medallas y por los que pedimos a los destinatarios que se posicionan públicamente del lado de la ciudadanía que ha sentido estas condecoraciones como un insulto, que creemos que es mucha”.

Las cartas se han remitido a los siguientes destinatarios:

“Ministro del Interior
Secretario de Estado de Seguridad
Directora General de la Guardia Civil
Defensor del Pueblo
Delegada del Gobierno en Aragón
Subdelegado del Gobierno en Teruel
Presidente del Gobierno de Aragón
Presidente de la Diputación de Teruel
Delegado Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel
Justicia de Aragón
Los tres diputados nacionales elegidos por Teruel, Tomas Guitarte, Alberto Herrero y Herminio Sancho
Los cuatro senadores elegidos por Teruel, Joaquin Egea, Beatriz Martín, Manuel Blasco y Carmen Pobo
Todos los partidos con representación en las Cortes de Aragón, con los que nos reunimos en su momento.
Partidos políticos de la provincia de Teruel, que todos ellos nos dieron su apoyo firmando nuestro documento de "adhesión" de fecha 4 de marzo de 2019 por el que pedíamos (pedían también ellos tras su firma)
Comarcas y ayuntamientos, que también nos dieron su firma”.

Desde Amigos de Iranzo indican que “en cuanto a pedir oficialmente por nuestra parte la revocación, nosotros vamos a recurrir a la primera vía que permite el procedimiento, que es el recurso potestativo de reposición, para el que hay un mes de plazo desde la fecha de publicación del otorgamiento de las medallas. En caso de que este recurso no prospere, entraríamos en el siguiente escenario que sería la vía contencioso administrativa, para la que hay dos meses. Nosotros hemos decidido agotar todas las vías posibles que permite el procedimiento”.

Un solar que acumulaba leña en Híjar ardió este lunes. Se encontraba en el casco urbano y cerca de varias casas y una panadería, por lo que los Bomberos tuvieron que actuar rápido para cortar el avance del fuego a los edificios o solares cercanos, indican desde la Diputación Provincial de Teruel (DPT).

El aviso se recibió sobre las 13:30 h. a través del 112 y hasta el lugar, indican desde la DPT, se desplazaron dos vehículos de extinción y cuatro bomberos.

Las mismas fuentes indican que pese a la cercanía de las viviendas, las llamas no afectaron a las casas porque tampoco había ninguna apertura directa desde el solar hasta ellas. Los efectivos comprobaron que en las viviendas próximas no había ningún riesgo ni sobrecalentamiento y dieron por extinguido el fuego pasadas las 15:00 h.

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública en un municipio del Matarraña, el cual no revelan.

La investigación de esta operación, a la que llamaron Çaón, comenzó el pasado junio, cuando agentes de la Policía Judicial de Alcañiz descubrieron que en una vivienda se podría estar cultivando, elaborando y traficando con sustancias estupefacientes.

Así fue, allí descubrieron una plantación de interior de cannabis sativa y que el inmueble, de varias alturas, estaba destinado únicamente al cultivo de esta planta.

Dos de las tres alturas habían sido preparadas para imitar las condiciones climatológicas y de luminosidad para un crecimiento natural y acelerado de las plantas. Había lámparas y sistemas de riego automatizado, impermeabilización del suelo, ventilación a través de aires acondicionados, paneles reflectantes forrando las paredes, una instalación eléctrica acorde a las necesidades del cultivo.

Los agentes aprehendieron 584 plantas de marihuana, que pesaban en total 36 kilos, y más de 7 kilos de cogollos.

Por todo ello detuvieron a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida fueron puestas a disposición del Juzgado nº 1 de Alcañiz.

Norbert Feher ha sido trasladado al centro penitenciario de Dueñas (Palencia).

Según indicó su defensa a Bajo Aragón Digital, no ha habido un motivo concreto para su traslado, ha sido una decisión de la administración penitenciaria que, jurídicamente no puede recurrirse.

En un primer momento fue trasladado a la prisión de Teruel, luego a la de Zuera (Zaragoza) y hasta ahora estaba en la cárcel de Teixeiro (Galicia). Siempre ha estado bajo fuertes medidas de seguridad.

Está pendiente su juicio por el asesinato de los Guardias Civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero y del ganadero José Luis Iranzo en Andorra, en el 2017.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF alertan en un comunicado conjunto de que el responsable de la Dirección General de Gestión Forestal, Diego Bayona, pretende excluir a los funcionarios públicos del operativo de incendios forestales de Aragón, cambiando un operativo de extinción que actualmente tiene “bajo coste y excelentes resultados” y “poniendo en peligro el medio ambiente aragonés”. Según los sindicatos, este cambio, “parece tener como único fin el cumplimiento de sus compromisos políticos con la empresa pública SARGA”.

Este es el comunicado, íntegro, de los sindicatos:

GRAN PREOCUPACIÓN SINDICAL ANTE EL RIESGO DE EXCLUSIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL OPERATIVO DE INCENDIOS FORESTALES EN ARAGÓN.

Las centrales sindicales UGT, CCOO Y CSIF critican la externalización y adjudicación “a dedo” de un estudio para el diseño de un nuevo modelo de operativo. El actual operativo de prevención y extinción aragonés es un ejemplo a nivel estatal por su bajo coste y excelentes resultados, pero la
Dirección General de Gestión Forestal gestionada por Diego Bayona, responsable de los incendios forestales, apuesta por un nuevo modelo sin justificar su necesidad.

La extinción de los incendios forestales en Aragón responde a un modelo de operativo de contrastada eficacia y eficiencia desde hace más de 40 años, en el que las competencias recaen sobre el Departamento de Medio Ambiente, que dispone de un dispositivo con atención 24 horas al día durante todo el año conformado por personal funcionario y laboral de la propia Administración (ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, agentes para la protección de la naturaleza y conductores), y por personal contratado a través de la empresa pública SARGA.

El aterrizaje del nuevo Director General de Gestión Forestal de PODEMOS parece tener como único fin el cumplimiento de sus compromisos políticos con la empresa pública SARGA, ninguneando y menospreciando de manera continuada al personal de su propia Administración poniendo en peligro el medio ambiente aragonés ante las fatales consecuencias que un cambio en profundidad de modelo de operativo pudieran tener.

En poco más de medio año, desde la Dirección General, con Diego Bayona y su equipo de asesores al frente, se ha dado carpetazo a un grupo de trabajo que tenía muy avanzada la adaptación del operativo a la normativa vigente y se ha sometido a participación ciudadana un informe tendencioso y parcial, que ha sido duramente criticado por la práctica totalidad de los participantes en el proceso y ahora se ha producido esta adjudicación “a dedo” que únicamente parece encaminada a contratar a un “experto externo” que avale su nuevo modelo porque piensa que el operativo actual no es válido en el futuro. El Departamento de Medio Ambiente dispone de excelentes profesionales para realizar dicho estudio sin la necesidad de acudir a una empresa externa. Estos funcionarios están sobradamente preparados con experiencia más que demostrada en la prevención y extinción de incendios forestales, que hacen del modelo aragonés un referente a nivel nacional y ahora parece que sus conocimientos no son suficientes. ¿Será que se pretende apartarlos también de sus funciones en la prevención y extinción de incendios?

Las centrales sindicales comparten la necesidad de mejoras puntuales en el actual modelo, pero éstas son de sobra conocidas y reivindicadas por su parte desde hace años, por lo que nada justifica el gasto de 14.991,84 € (evitando el control al que se someten los contratos de importe superior a los 15.000 €) en un informe que si se realiza con rigor llegará a las mismas conclusiones: la red de comunicaciones está obsoleta, lo que compromete gravemente la seguridad y eficacia de las operaciones; los vehículos de la Administración son inadecuados, viejos, con graves problemas de seguridad y sin los prioritarios V1, obligatorios en los vehículos de emergencia; la investigación de causas de incendios, fundamental para prevenirlos, es informal y desorganizada; las bases, cuando las hay que no siempre, son tercermundistas, careciendo de servicios básicos como agua corriente, duchas o electricidad; no existen protocolos claros con el 112 para emergencias distintas de los incendios forestales, desaprovechándose así recursos, etc...

Por todo ello si la intención de la Dirección General de Gestión Forestal es separar al personal funcionario y laboral de la Administración de la prevención y extinción de incendios forestales, la respuesta sindical será de oposición contundente y decidida”.

Desde la Dirección General de Gestión Forestal indican al respecto lo siguiente:

"Para el trabajo de diseño del nuevo modelo de operativo de prevención y extinción de incendios se sacó públicamente a través del perfil del contratante un contrato menor para asistencia técnica del mismo. Este contrato se adjudicó a la Fundación Pau Costa (fueron los únicos en presentarse) y es una asistencia técnica. La dirección del trabajo la realiza el servicio de incendios de la Dirección General de Gestión Forestal. A la vez, hay en marcha un proceso de participación ciudadana puesto en marcha a través de la dirección General de Gobierno Abierto".

El pasado viernes en un pleno municipal se acordó que el Ayuntamiento de Andorra solicitará al Ministerio la revocación de las distinciones a la Guardia Civil por su responsabilidad en el dispositivo de búsqueda de Norbert Feher. El consistorio considera que todo acabó con tres asesinatos y el crimen está todavía por ser juzgado.

Y este miércoles la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ha anunciado que pedirá lo mismo.

Va a presentar un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencios Administrativo “impugnando la Orden de 13 de julio de 2020, del Ministerio del Interior, por la que se concede la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a los mandos que este cuerpo armado tenía en Teruel y Alcañiz, durante la primera quincena de diciembre de 2017, cuando se produjo el triple asesinato de Andorra”.

Para UAGA “no se puede reconocer públicamente mediante condecoraciones (que además tienen una recompensa económica) a tres altos cargos de la Guardia Civil que ni valoraron el riesgo ni activaron un dispositivo eficaz para atrapar a un individuo que disparó a matar, el 5 de diciembre, en un masico de Albalate del Arzobispo sin mediar palabra”.

Considera que el Ministerio del Interior está premiando con “unas medallas manchadas de sangre” a los responsables de un operativo que consistió en no avisar a la población del peligro que estaba corriendo, no activar a los cuerpos especiales tras dos intentos de asesinato y no analizar ninguna de las pruebas del tiroteo de Albalate hasta después del triple crimen de Andorra”.

Las medallas que impugnará UAGA son las que recibirán los siguientes altos mandos (en ningún momento se recurrirán las dirigidas a los agentes o suboficiales):

- Capitán de la Compañía de Alcañiz (Cruz de Plata)
- Teniente Coronel, Jefe de la Comandancia de Teruel (Cruz con distintivo blanco)
- Capitán de la Policía Judicial de Teruel (Cruz con distintivo blanco)

Desde la organización agraria indican que “según establece la normativa reguladora (Ley 19/1976), la Orden del Mérito de la Guardia Civil tiene por finalidad “premiar las acciones o conductas de extraordinario relieve que redunden en el prestigio del Cuerpo de la Guardia Civil e interés de la Patria”. Para la concesión de la Cruz de Plata se deberán realizar hechos, que sin reunir la condición de riesgo personal exigida para la Cruz de Oro, supongan una relevante colaboración con la Guardia Civil o revistan, por su naturaleza, un carácter o mérito tan relevante que requieran el alto reconocimiento y esta especial distinción. En ese sentido, UAGA señala que desconoce cuál es la conducta de extraordinario relieve de quien era Capitán de la Comandancia de Alcañiz entre el 5 y 14 de diciembre de 2017.

Para la concesión de la Cruz con distintivo blanco se deberá haber llevado a cabo alguna de las siguientes acciones:

a) Ejecutar, dirigir o colaborar directamente en el éxito de un servicio en el que por su extraordinaria dificultad e importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas.

b) Sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo, de forma que constituya una conducta ejemplar digna que se resalte como mérito extraordinario.

c) Realizar estudios profesionales o científicos, u otros hechos o trabajos sobresalientes, que supongan notable prestigio para el Cuerpo, o utilidad para el servicio oficialmente reconocido”.

Sin embargo, UAGA tampoco entiende “qué dirección o colaboración en los servicios hicieron el Jefe de la Comandancia de Teruel y el Capitán de la Policía Judicial de Teruel durante esos días.

La organización agraria señala que en ninguno de los tres casos, se realizó una investigación sobre los hechos ocurridos el día 5 de diciembre en Albalate, ni se adoptaron las medidas necesarias para evitar los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero, el 14 de diciembre. Por esa razón, la organización agraria critica que el Ministerio del Interior premie un dispositivo que consistió en no hacer nada y que le costó la vida a un ganadero y a dos guardias civiles”.