Vivienda

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcañiz este lunes, la Policía Local “ha empezado a intensificar el control y sanción de vertidos de residuos en lugares y horarios no autorizados”, vertidos que el consistorio dice haber “detectado desde el inicio de la situación de Covid-19”.

Se refiere, concretamente, a “objetos voluminosos como muebles y otros enseres depositados junto a contenedores de residuos en el centro urbano” y a “restos de construcción y otros materiales junto a la antigua y clausurada escombrera municipal, cerca del Punto Limpio fijo de la localidad”.

Indica el consistorio que el pasado fin de semana, gracias a una llamada ciudadana, agentes de la Policía Local localizaron y levantaron acta de sanción por uno de estos vertidos y que la jefatura de Policía se ha reunido con responsables del Seprona de la Guardia Civil para “estudiar y coordinar acciones de vigilancia que permitan localizar y sancionar posibles vertidos ilegales, primero, y evitar su proliferación, después”.

Según el jefe de la Policía, Pedro Obón, se van a “intensificar las labores de vigilancia y sanción de vertidos indebidos, es inadmisible que haya quienes depositan muebles y otros enseres junto a contenedores urbanos cuando tenemos servicios de recogida municipal y el Punto Limpio para ello”.

Las cañas invaden el camino de Vía de Alcañiz, muy frecuentado por turismos, vehículos agrícolas, bicicletas y caminantes, por tratarse de un acceso a muchos masicos y por formar parte del tramo de la turística Vía Verde y conectar con diferentes abrigos de arte rupestre.

La frondosa vegetación impide que quepan dos vehículos por la calzada, hay tramos por los que solo cabe uno y, además, existe riesgo de atropello, ya que las cañas impiden ver.

Seis viviendas del parque de camineros de Alcañiz han sido reformadas para que sean de consumo energético casi nulo y el Gobierno de Aragón las ha destinado a “alquiler asequible”, para familias que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre.

El precio del alquiler será de 215 euros al mes más 60 euros mensuales de comunidad. Según indicaron desde el Gobierno de Aragón en Alcañiz la renta media por este tipo de viviendas es de 335 euros.

Cada una tiene una superficie de unos 78 metros cuadrados y dedican a cinco colectivos específicos.

Una vivienda, en la planta baja, está adaptada a personas con movilidad reducida, otra se destina a familias con mayores de 65 años, otra a familia numerosa, otra a una unidad de convivencia monoparental con menores a su cargo y dos a unidades de convivencia en las que haya menores de 35 años.

Entre los requisitos, los ingresos de las familias tendrán que ser de entre los 807 euros y los 1.345 euros.

La adjudicación será por sorteo. Los interesados deberán presentar sus solicitudes entre este jueves y el 23 de agosto en cualquier registro del Gobierno de Aragón, pidiendo cita previa.

Teniendo en cuenta las listas provisionales, periodos de alegaciones y lista definitiva, se espera que las viviendas se puedan adjudicar en noviembre.

Los inquilinos deberán asistir a al menos 5 sesiones informativas para aprender a usar estas viviendas por sus características de consumo casi nulo y deberán permitir que sean inspeccionadas para comprobar que se están usando correctamente.

La transformación de estas viviendas ha costado 757.0000, financiados con el Fondo de Inversiones de Teruel.

Cuarenta y seis Ayuntamientos de la provincia de Teruel van a tener que devolver un total de 2,5 millones del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) del 2017, que contaba con un importe total concedido de 7,1 millones.

El dinero se concedió en octubre de ese año y en diciembre ya debían estar ejecutados los proyectos, con todos los papeles y los permisos en regla.

Los que no pudieron cumplirlo, que en muchas ocasiones son cuestiones técnicas propias de las obras, tendrán que devolver todo o parte de la subvención.

Solo 5, uno de ellos Calanda, no tendrán que devolver nada.

El calandino José Ramón Ibáñez, director general de Administración Local, admitió que “era una convocatoria complicada” y una situación que ocurrió ya el año anterior. Indicó que muchos de los casos son los de consistorios que han adjudicado la obra por menos dinero y ahora deben devolver la diferencia, otros que por cuestiones técnicas no han podido obtener los permisos legales necesarios de las obras.

“El problema gordo es que muchos Ayuntamientos se gastaron el dinero porque la ejecutaron” y “los Ayuntamientos pequeños tienen un auténtico problema”, dijo. Las subvenciones máximas por proyecto eran de 200.000 euros. “No hay ninguno que tenga que devolver tanto”, indicó.

Ibáñez dijo que es comprensible que los alcaldes no tienen la culpa porque no entienden de obras pero se deberían haber supervisado. “Nos vamos a reunir con los colegios oficiales para que se asesore a los alcaldes”, anunció.

Sobre la convocatoria, dijo “sí se podía haber hecho en otros términos, pero ningún Ayuntamiento la recurrió”. La explicación que da Ibáñez a esta situación es que “las convocatorias van cambiando por las leyes y se complican las justificaciones”. “La convocatoria te puede gustar más o menos, yo eso lo comparto”, pero hay que cumplirla, concluyó.

Varios Ayuntamientos van a presentar reclamación judicial. La convocatoria te puede gustar más o menos, yo eso lo comparto, pero hay que cumplirla.

Tras haber consultado si se podían dar subvenciones directas a los Ayuntamientos afectados con la obra bien ejecutada, Ibáñez dijo que “la intervención no lo permite”, “todo tiene que ser concurrencia competitiva”.

“Le hemos dado muchas vueltas”, dijo, y la única ayuda que podrán obtener los afectados será el aplazamiento de los pagos, que no será para todos igual, dependerá de cada circunstancia.

Por otra parte, dijo, se está barajando la posibilidad de que en el próximo FITE se pueda “primar a estos Ayuntamientos”, pero es algo que “depende de los servicios jurídicos”.

Los trastornos que causa el corte de la carretera de El Corcho de Alcañiz al tráfico a los que se suma la reciente conversión de la avenida de Aragón en unidireccional, son más llevaderos para los vecinos, que conocen calles alternativas para llegar hasta su destino, que para quien llega de fuera a la ciudad.

Vecinos han trasladado a Bajo Aragón Digital que constantemente están atendiendo a conductores en la rotonda del hospital, especialmente a camioneros, que preguntan cómo pueden llegar a la avenida de Zaragoza, porque entran a la ciudad desde las carreteras de Castellón o Castelserás y se encuentran con ambas vías inaccesibles en su ruta y sin señales que les guíen hacia la avenida de Zaragoza.

Bajo Aragón Digital ha trasladado esta situación al concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Lahoz, quien ha respondido que este jueves hablará con la Policía Local y que “si hace falta alguna señal, indudablemente, se colocará”.

En cuanto a las obras de El Corcho, el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, indicó el pasado martes en el pleno municipal, que previsiblemente estarán finalizadas en agosto.

El Ayuntamiento de Alcañiz subió el Impuesto de Bienes Inmuebles, que pasó del 0,65 al 0,7 y estableció una bonificación del 5% a quienes domiciliasen el pago.

Quien se encarga de cobrar este impuesto es el servicio de recaudación de la Diputación Provincial de Teruel, que ha cobrado pero que todavía no ha aplicado el descuento a quienes lo han domiciliado.

El PAR informó en el pleno de este martes de esta situación al equipo de Gobierno del Ayuntamiento.

Según ha indicado el concejal de Hacienda, Javier Baigorri al Ayuntamiento de Alcañiz, este miércoles se puso en contacto con la Diputación de Teruel para preguntar qué había pasado.

Según Baigorri, se le respondió que a partir de cierta cantidad (no se informó de cuál) el servicio de recaudación fracciona los pagos. En estos casos, recientemente ha cobrado la primera parte y será cuando cobre la segunda (a finales de año) cuando aplique el descuento del 5% a quienes lo hayan domiciliado.