Política
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El pasado 11 de noviembre el Gobierno aprobó los nuevos límites de velocidad en los cascos urbanos. Dio un plazo de seis meses para que los ayuntamientos informaran a los habitantes y modificaran las señales.
La norma ha entrado en vigor el 12 de mayo. Alcañiz no ha modificado la señalización pese a haber transcurrido los seis meses.
Desde Tráfico han informado a este medio de que el Ayuntamiento debería haber cambiado las señales.
Se puede dar la paradoja de que un conductor sea sancionado por ir a una velocidad dentro del límite indicado en la señal de tráfico. En ese caso desde Tráfico han informado que la sanción debería ser recurrida acompañada de una fotografía de la señal.
En las zonas de una sola dirección, como actualmente la avenida Aragón de Alcañiz, el límite de velocidad es de 20 km/h. La señal actual la limita a 30. En la Ronda Caspe la velocidad debe limitarse a 30 kim/h a pesar de que las señales a día de hoy la limitan a 40 km/h.
Existen dudas sobre la velocidad a la que se puede circular en el camino de la vía, ya que si se considera como parte del casco urbano debería limitarse también a 30 km/h.
Ir a 31 km/h. en una zona donde debe circularse a 30 acarrea una sanción de 100 euros y si se va a 51 km/h la sanción es de 300 euros y dos puntos del permiso. Las sanciones aumentan de 100 en 100 euros por cada 10 km/h que se sobrepase la velocidad obligada.
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El fin de semana pasado alguien tuvo la genial idea de irse a un puticlub de Andorra en un autobús escolar. Otro autobús lo pusieron en marcha y no pudieron realizar ninguna fechoría porque se les bloqueó. Ocurrió en Alcorisa.
El servicio de autobuses escolares se vio afectado la mañana del lunes.
Aunque son los hechos más relevantes, el alcalde de Alcorisa denuncia que últimamente tienen lugar en la población actos vandálicos con demasiada frecuencia desde hace algunos meses.
Para intentar solventar este problema el alcalde, Miguel Iranzo se ha reunido con el capitán de la Guardia Civil de Alcañiz, quien ha dicho que va a reforzar las medidas de seguridad, a la vez que insta a que los ciudadanos denuncien cualquier acto de este tipo que tenga lugar.
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El pasado mes de diciembre el concejal del Ayuntamiento de Alcañiz Kiko Lahoz anunciaba que se iban a colocar unos topes para vehículos en la plaza de San Francisco de Alcañiz para evitar que éstos invadan las aceras y se pueda transitar por ellas sin problemas.
La plaza de San Francisco se ha convertido en una zona de aparcamiento por la proximidad del hospital y en muchas ocasiones los peatones tienen dificultades para transitar por las aceras, sobre todo si se va con un carrito de niño o de la compra.
Han pasado más de cuatro meses desde el anuncio, que Kiko Lahoz dijo que esta medida se podría trasladar a otras zonas como la avenida Maestrazgo, y los coches siguen invadiendo las aceras sin ningún tope anunciado que se lo impida.
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Los pantanos bajoaragoneses tienen un buen nivel de reservas. Sin contar las lluvias de este pasado fin de semana, en la cuenca del Guadalope el pantano de Santolea está al 21,8% de su capacidad debido a que está en obras y sólo se puede almacenar un poco más. El de Calanda supera el 73%, el de Civán supera el 60% y la Estanca tiene cerca del 90% de su capacidad completa. El pantano Cueva Foradada sobre el río Martín está rondando el 100% de su capacidad. También sobre el río Martín, Las Parras tiene el 71% de su capacidad y el pantano de Pena sobre el Matarraña está cerca del 90% de su capacidad.
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El Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPTE) ha publicado este pasado 5 de mayo sendos
anuncios del Ayuntamiento de Alcañuiz relativos a la venta de bienes de titularidad
municipal. Por un lado, la venta de un lote completo que incluye cinco parcelas rústicas de regadío por un precio de salida de 51.458,84 euros.
También pone a la venta el Ayuntamiento alcañizano cuatro garajes situados entre las calles Cerollera y Fórnoles de Alcañiz. Cada uno de los garajes sale a la venta por un precio base de 6.250 euros. Los precios marcados no incluyen los impuestos. Se concederán a la mejor oferta económica.
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La Diputación Provincial de Teruel presta el servicio de recogida de perros vagabundos a 154 municipios de la provincia mediante un convenio que afecta a poblaciones de menos de 5.000 habitantes.
El servicio de recogida de los perros se presta a través de la empresa Comercial Ríos Pascual que mantiene un centro con los animales no reclamados, pretendiendo su adopción. Desde que comenzó a prestarse el servicio en 2015 se han recogido cerca de 400 animalestras notificarse que se encontraban abandonados. De todos ellos, algunos han sido recuperados por sus dueños y más de un centenar se han dado en adopción.
Para la Diputación de Teruel la existencia de perros abandonados, sueltos, vagabundos,
incontrolados y cimarrones, supone un problema higiénico y sanitario, teniendo en cuenta que dichos
perros sobreviven en condiciones muy deficientes, y pueden representar un riesgo potencial para la
salud humana, al actuar como vehículos de transmisión de graves enfermedades, como la rabia o la
hidatidosis. A ello hay que añadir que en el medio rural los perros asilvestrados pueden llegar a
provocar grave perjuicios económicos como consecuencia de los ataques a los rebaños de animales
domésticos.
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Alcañiz. El Ayuntamiento debe pagar a Aquara cerca de millón y medio de euros.
El Ayuntamiento de Alcañiz en el año 2011 tomó una decisión para que Aquara, entonces Acuagest, llevase a cabo la gestión del suministro de agua de Alcañiz. Se consideró un préstamo encubierto por lo que I.U. presentó una denuncia y los juzgados le dieron la razón, por lo que el Ayuntamiento debe devolver en estos momentos un millón cuatrocientos mil euros que corresponden a la deuda más los intereses del préstamo más el mantenimiento llevado a cabo por la empresa y sus intereses.
Nacho Carbó, portavoz del PP, lo ha justificado porque en aquel momento se encontró con deudas a más de 600 proveedores y fue la solución que encontraron para pagarlas.
Todos los partidos han aceptado la decisión judicial y por lo tanto el pago de la deuda al que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente.
