Vivienda
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El Ministerio de Transportes ha adjudicado por 6,25 millones de euros las obras que denomina “de humanización” de varias travesías de carreteras del Estado en Alcañiz, con el objetivo de “potenciar un entorno urbano más sostenible”.
La transformación de estas travesías, ubicadas en las carreteras N-232 y N-211, incluyendo zonas como el paseo Andrade y los Torreones, con proyectos como unos 4,8 kilómetros de nuevos carriles y aceras habilitadas para bicicletas, implican la cesión de estas vías al Ayuntamiento, entidad que deberá asumir a partir de ese momento cualquier trabajo de reparación que se requiera. Hasta ahora lo asume el Ministerio de Transportes.
Desde este Ministerio explican que “en el proyecto se ajustan las secciones transversales, se amplía la anchura de las aceras, reduciendo las calzadas para pacificar el tráfico, y se disponen itinerarios ciclistas en determinados tramos. En particular, se incluyen unos 4.800 metros de nuevos carriles y aceras habilitados para bicicletas, lo que se alinea con la implantación de la Estrategia Estatal por la Bicicleta que se aprobó por el Gobierno en junio del año pasado.
La humanización de las travesías lleva implícita su cesión al Ayuntamiento de Alcañiz, al carecer de función de servicio al tráfico de largo recorrido y pasar a tener un carácter eminentemente local, pasando éste a ser el nuevo responsable de su conservación y mantenimiento como titular de la vía.
La cesión de este tramo, que actualmente pertenece a la Red de Carreteras del Estado, no menoscabará la continuidad de la red viaria estatal ni la funcionalidad de esta al existir alternativas mejores para el tráfico de largo recorrido”.
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha firmado este mes de julio acuerdos con el Gobierno de Aragón y municipios para financiar la construcción de 43 viviendas en edificios energéticamente eficientes destinados al alquiler social o asequible.
Cuatro de las viviendas se construirán en Valjunquera y otras tres en La Puebla de Híjar.
La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.
Las obras deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026.
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Los proyectos de cinco Ayuntamientos de pequeños municipios del Bajo Aragón han sido seleccionados para recibir una subvención que se destinará a rehabilitar viviendas municipales para alquiler. El objetivo final es fijar población.
La subvención procede del Fondo de Cohesión Territorial y se han priorizado núcleos de población “con menor desarrollo” para hacer frente a la despoblación, indican desde el Gobierno de Aragón.
Los proyectos subvencionados deberán estar finalizados antes del 7 de noviembre de este año.
En Cuevas de Cañart se acondicionarán dos viviendas en un edificio existente de la calle La Fuente. La subvención concedida es de 47.877,41 euros.
En la calle Las Almas de Estercuel se rehabilitará una vivienda unifamiliar, para lo que se han concedido 47.103,93 euros.
En Berge se rehabilitará una vivienda de la calle San Roque, con una subvención de 44.604,76 euros.
En La Cerollera se rehabilitará una vivienda municipal de la plaza Constitución. La subvención concedida para ello es de 47.147,17 euros.
También se rehabilitará una vivienda municipal en la calle Centro de Belmonte de San José. En este caso, la subvención concedida es de 48.000 euros.
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Caspe es actualmente el municipio más barato de Aragón para comprar vivienda, según el estudio realizado por Idealista. En Caspe, “los propietarios piden de media 642 euros / m²”, indican desde la plataforma inmobiliaria.
El municipio más barato de España en este sentido y según el mismo estudio sería Fuente Obejuna, con 334 euros / m².
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La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha publicado la segunda convocatoria de ayudas a la natalidad, dirigida a Ayuntamientos de la provincia excepto al de la capital.
Los consistorios las pueden solicitar hasta el próximo 24 de julio a través de la sede electrónica de la institución provincial y los interesados deberán dirigirse a su Ayuntamiento correspondiente para solicitarlas.
Las ayudas están destinadas a financiar los gastos derivados del nacimiento de un hijo en el
periodo comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, así como de la adopción de un niño de hasta 6 años de edad con sentencia judicial firme.
Los menores de edad deberán estar empadronados y tener residencia efectiva en el municipio beneficiario de la subvención, al menos con un año de antelación a la finalización del plazo de solicitud. En el caso de que se trate de bebés de menos de un año de edad, será una de las personas de las que actúen en su nombre, en el ejercicio de la patria potestad, quien deba cumplir este requisito.
Solo se tramitará una única ayuda por cada menor, por lo que en caso de separación, divorcio o cualquier otra circunstancia, se tendrá en cuenta el domicilio de empadronamiento o residencia efectiva del niño.
Serán subvencionables los artículos relacionados con el cuidado y la crianza del bebé y/o niño, como artículos de farmacia y parafarmacia, productos y artículos de higiene y baño, productos de lactancia y de alimentación infantil, ropa y calzado de hasta 6 años, y productos de ortopedia para niños con necesidades especiales debidamente acreditadas mediante informe médico.
Quedan excluidos de la convocatoria los artículos de carácter inventariable de alimentación, higiene, baño, farmacia y parafarmacia, como las sillas de paseo y de coche, los portabebés y cunas, así como los juguetes y artículos de juego.
Para justificar los gastos, se deberá acreditar haber realizado la compra de los artículos necesarios para el cuidado y crianza del bebé o niño en un comercio con sede social en la provincia de Teruel.
La convocatoria se puede consultar en la sede electrónica de la DPT:
https://www.dpteruel.es/DPTweb/la-diputacion/areas/social/bienestar-social/
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Caja Rural de Teruel y el Banco de Alimentos de Teruel han renovado, por cuarto año consecutivo, el convenio de colaboración que mantienen para ayudar a personas de la provincia que necesiten alimentos y no tengan capacidad económica para adquirirlos.
El acuerdo ha permitido la adquisición de 11.000 kilos de alimentos considerados no perecederos, entre los que se incluyen productos como pasta, arroz, fruta en conserva, caldo o pescado en conserva, entre otros. Además, se ha sumado un supermercado de Teruel a esta iniciativa, que entregará 1.000 litros de leche.
El presidente de Caja Rural de Teruel, José Cuevas, visitó este martes las instalaciones del Banco de Alimentos en Teruel para conocer de primera mano el trabajo que realiza esta institución social.
La renovación de este convenio de colaboración ha sido posible gracias al Fondo de Educación y Promoción (FEP) del que dispone Caja Rural de Teruel como sociedad cooperativa de crédito. Con este Fondo, la entidad retorna a la sociedad parte de sus beneficios para apoyar proyectos sociales, educativos, deportivos y culturales que se desarrollan en la provincia.
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La nueva ley de la vivienda está afectando también a inmobiliarias, propietarios e inquilinos del Bajo Aragón. Básicamente, lo que afecta en este territorio es la obligatoriedad de que sean los propietarios de viviendas y no los inquilinos los que corran con los gastos de gestión de las inmobiliarias, cuando hasta el pasado 26 de mayo, cuando entró en vigor, era al revés.
Hay inmobiliarias bajoaragonesas que todavía están comunicando la situación a sus clientes propietarios. Algunos, indican, lo asumen. Otros se molestan y optan por no alquilar a través de inmobiliarias.
En otros casos, se ha optado por incrementar el alquiler para incluir en él los gastos de la gestión. Este incremento se debe repartir a lo largo de las mensualidades, ya que las inmobiliarias cobran una mensualidad por gastos. Por ello, hay propietarios que no alquilan por un periodo inferior a un año. Esto dificulta que trabajadores que acuden a, por ejemplo, a Alcañiz a realizar sustituciones por poco tiempo al instituto, al conservatorio o al hospital, encuentren alojamiento.
La mayoría de las inmobiliarias consultadas están molestas con esta ley que, esperan, se derogue. No creen que beneficie, tampoco, al inquilino ni a las familias consideradas “vulnerables”, que es lo que se pretende con su creación. El motivo es que las inmobiliarias deben tratar de garantizar, como antes, que el propietario no deje de cobrar por parte de los moradores, por lo que hay inmobiliarias que antes eran más flexibles y que ahora se han vuelto más estrictas con la documentación laboral, pidiendo a los inquilinos trabajo en activo y dos nóminas en vez de una.
