Sucesos

Endesa tiene previsto demoler la única chimenea que queda en pie de la central térmica de Andorra, de 343 metros de altura, el próximo jueves, 16 de febrero.

Teruel Existe pide al Gobierno de Aragón y a Endesa que no la tiren argumentando que “su mantenimiento es prácticamente nulo”, que “no perjudica los proyectos previstos” y considerando que dinamitarla supone “un nuevo atentado contra el patrimonio industrial del Bajo Aragón, la provincia de Teruel y Aragón”, ya que, dicen, “es un icono, la segunda estructura de hormigón más alta de España (343 metros de altura), símbolo de la industria minera que ha formado parte de la historia de la provincia”.

Explican que el Gobierno de Aragón puede protegerla con la catalogación de Bien Patrimonial, incoando un expediente de Bien de Interés Cultural (BIC), y el consistorio andorrano utilizando el Plan General de Ordenación Urbana, en el que se reconoce que la arquitectura y estructuras de la central “merecen ser conservadas en el futuro aún después de su obsolescencia respecto del uso actual, para buscarle funciones alternativas relacionadas con el ocio, la cultura y el turismo”.

En cuanto a su “mantenimiento mínimo”, dicen que “la chimenea parece haberse comportado satisfactoriamente a lo largo de su vida, sin que sea pública la existencia de daños que hagan pensar en que la demolición responda a un riesgo para la seguridad de vidas o bienes”.

Creen que “en principio podría ser suficiente con una auscultación para confirmar la inexistencia de daños de entidad y, en su caso, estimar su reparación.

En adelante, su situación parece más favorable que la que ha tenido hasta la fecha porque ya no habrá agresión química, puesto que no está sometida a la acción del alto contenido ácido del azufre de los humos que emanaba”. Detallan que “el deterioro del hormigón en esta chimenea sin uso solo podría producirse por meteorización normal, como en cualquier estructura de hormigón en contacto con el exterior, como podría ser un puente” y que el único mantenimiento que hay que hacer es una revisión periódica para confirmar que las condiciones son adecuadas (sin detectarse fisuras o manchas de óxido en los paramentos), así como las actuaciones precisas para mantener en perfectas condiciones las luces de señalización y la pintura de las franjas rojas en la parte superior”. También señalan que “a las estructuras de hormigón que están en contacto con el exterior similares a esta chimenea se les da una garantía mínima de más de 100 años”.

Consideran que si el jueves la vuelan, “estarán actuando como los talibanes con los Budas de Bamiyan en Afganistán o como antiguamente se hacía con las torres de las iglesias, como si reviviésemos un pasado rancio, con una increíble falta de sensibilidad hacia el patrimonio”.

Han recogido, dicen, más de 420 firmas y han registrado alegaciones en el Ayuntamiento en contra de su apertura. Vecinos del casco histórico se movilizan así contra el proyecto de instalación de una discoteca en la calle Mazaleón, 8, en la esquina con la calle Infanzonía, 1, con horario de cierre, indican, a las 6 de la mañana todos los días laborables y a las 7 de la mañana los fines de semana.

Entre otros motivos, en sus alegaciones los vecinos explican que “los dos edificios en los que se ha previsto la instalación de la discoteca están protegidos y catalogados en el PGOU de Alcañiz: el granero Almudí (del siglo XVI), con el grado de protección ambiental 2 y la posada Barnolas (del siglo XIX) con el grado de protección ambiental 3. Estos edificios protegidos deben tener preferentemente, además de ciertos requisitos de intervención, un uso residencial. A ello hay que añadir que la posada Barnolas fue refugio antiaéreo durante la guerra civil por lo que tiene protección especial según la Ley de Memoria Democrática. Al mismo tiempo, se desconoce la conservación o no de restos del recinto amurallado del siglo XIII que transcurría por esta misma zona, así como la presencia de estructuras subterráneas o pasadizos en su interior”.

Por otra parte, indican que “hay que destacar igualmente que el único vecino colindante con la posible discoteca ha tramitado en los dos últimos años un proyecto de interés público, apoyado por el ARRU, para la construcción de 7 nuevas viviendas de alto nivel en cuatro parcelas o edificios actualmente abandonados en esta zona, con una inversión que supera el millón de euros. La instalación de una discoteca, justo en el solar anejo a las nuevas viviendas, es incompatible con la promoción de las mismas perdiendo así una excelente ocasión de auténtica rehabilitación de ese sector del centro histórico de Alcañiz”.

Además, dicen está proyectada “en una estrecha calle, sin aceras, con difícil acceso para vehículos de tamaño medio-grande (por ejemplo, de bomberos) y sin apenas opciones de aparcamiento en su entorno. Las afecciones de ruido, suciedad y molestias que este tipo de locales siempre producen afectarán de lleno al centro histórico y monumental de la ciudad en el que se ubican edificios tan emblemáticos como laiglesia de Santa María, la casa Mainar, sede de la comarca del Bajo Aragón, el palacio Ardid, sede de la biblioteca y archivo de la ciudad y, sobre todo, a la calle Infanzonía y la nueva plaza tras la iglesia con sus jardines”.

Los vecinos movilizados aseguran que no están “en contra del ocio nocturno para jóvenes y mayores, ni de las discotecas”, pero consideran que “este tipo de establecimientos, que inevitablemente conllevan molestias, deben ubicarse, como ocurre en la mayor parte de las ciudades, fuera de zonas residenciales”.

A conductores que han cometido infracciones tan graves como conducción temeraria o alcoholemia positiva en Alcañiz no se les han retirado los puntos del carné porque el Ayuntamiento no ha tramitado las denuncias de los agentes de la Policía Local.

El problema de la falta de tramitación se extiende a todas las áreas desde el último año de la pasada legislatura y durante toda la presente. Además de tráfico, afecta a medio ambiente o a establecimientos públicos.

Es lo que denuncian las delegaciones sindicales de CSIF y CSL, exponiendo que la mayoría de las denuncias solo se abonan “de forma voluntaria por parte de ciudadanos de buena fe, quedando el resto sin consecuencias”.

Un “desastre en la gestión de los expedientes sancionadores”, indican, que “ha provocado una desautorización constante de los agentes, aumentando la reincidencia y escalando las infracciones en gravedad debido a la impunidad generada, indignando y afectando laboralmente a la plantilla policial”.

Desde ambos sindicatos señalan que la administración está “excusándose siempre” en “la carencia de personal suficiente para evitar la prescripción de denuncias”.

Explican que “ante tamaña desigualdad en la responsabilidad de la ciudadanía, se viene solicitando reiteradamente la toma de medidas tales como la externalización del servicio de sanciones, aunque a pesar de insistir durante mucho tiempo las soluciones nunca llegan”.

Por este motivo, los delegados sindicales se ven “obligados a poner en conocimiento público tal injusticia, así como señalar un hecho importante que ha pasado desapercibido. Y es que los reglamentos sobre la Policía Local de Alcañiz fueron declarados nulos de pleno derecho al no haber recibido estos los trámites legalmente oportunos, tras varios años sometiendo a través de los mismos a los policías de forma irregular, con menores derechos que en el resto de cuerpos locales.

Por todo lo anterior se explica la constante marcha de policías locales a otras ciudades y que la presentación de instancias para las pruebas de acceso a la Policía Local de Alcañiz sean las menos abundantes de todas las poblaciones de similar tamaño de Aragón e, incluso, más pequeñas.

Por último, desde las organizaciones firmantes, se siguen persiguiendo soluciones constructivas a estos problemas a través de la negociación colectiva, aunque el consistorio parece querer únicamente que pasen los días hasta nuevas elecciones, utilizando la vieja vía de la imposición en lugar del diálogo”, concluyen.

El Servicio Provincial de Teruel recibió el pasado miércoles, 18 de enero, el avisto de un ganadero de Alcañiz con un posible ataque de lobo a su rebaño, en el que resultaron 9 ejemplares muertos y 4 heridos.

Un Agente Para la Protección de la Naturaleza del Bajo Aragón se desplazó ese mismo día hasta la explotación ganadera y, siguiendo el protocolo de cánidos, recogió algunos animales, que fueron trasladados al centro de recuperación de fauna de La Alfranca, donde se les practicó la necropsia. Este jueves se ha conocido el resultado y, desde el Gobierno de Aragón, indican que “es compatible con lobo”.

A raíz de este suceso, el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente incluirá a Alcañiz en la próxima convocatoria de ayudas para hacer frente a los sobrecostes derivados de la presencia del lobo y el oso para la ganadería extensiva.

Desde este departamento se recuerda “la necesidad de proteger a los rebaños para evitar los ataques. Las medidas de autoprotección son obligatorias para solicitar las ayudas y también son subvencionadas al cien por cien. En concreto, se incentiva la adquisición de vallados fijos o portátiles para el ganado; la adquisición e instalación de pastores eléctricos; la adquisición de perros de raza mastín en cualquiera de sus variantes (montaña de los pirineos, mastín del Pirineo, mastín español), puros o cruzados, incluidos los gastos asociados a la inscripción en el registro de identificación y la suscripción de seguros de responsabilidad civil para la tenencia de perros; y la compra de dispositivos de localización para el ganado (GPS)”.

Vecinos de la plaza del Deán de Alcañiz han manifestado su “indignación y malestar por la reiterada forma en que somos tratados por el Ayuntamiento de Alcañiz”.

Explican que se se cierra el paso de vehículos “de un día para otro, a los vecinos que disponemos de vado y aparcamiento privado sin la debida notificación”.

“El pasado lunes, 16 de enero, se colocaron una serie de vallas en la subida de la iglesia y unas planchas metálicas con el siguiente anuncio: “Rogamos retire su vehículo de esta calle desde el día martes, 17/01/2023 a las 7,00 horas hasta el viernes, 20/01/2023, A FIN.”, es decir, cuatro días (eso, siempre que el tiempo no lo impida)”.

Manifiestan que “de la lectura de ese anuncio se puede desprender la prohibición de aparcar en la plaza, pero de ninguna manera la necesidad de sacar los vehículos de los garajes si los queremos utilizar para nuestra actividad diaria. De hecho, han sido varios los vehículos de vecinos que se han quedado atrapados durante varios días sin poder utilizarlos.

Para los vecinos de la plaza del Deán no es de recibo, y probablemente ilegal, este sistema de notificación de anuncios callejeros que nos obliga, por una parte, a estar alerta constantemente por su repentina colocación y, por otra, a saber interpretar lo que no se dice. La corporación anterior tenía, al menos, la deferencia de comunicar este tipo de cierres por escrito, buzoneando un anuncio a todos los vecinos con la suficiente antelación y ofreciendo, además, la posibilidad de disponer de un aparcamiento gratuito (aunque estuviera alejado) para esos días de cierre.

Los vecinos de la plaza del Deán comprendemos que vivimos en un sitio céntrico y que por obras o celebraciones (muchos días y muchas veces a lo largo del año) vamos a tener problemas de acceso a nuestras viviendas. Pero, el ayuntamiento también tiene que entender que en esta plaza viven personas mayores, con problemas de movilidad, que los vecinos necesitamos el vehículo para hacer compras, viajar con maletas y llevar a niños o mayores, que pagamos nuestros vados para todos los días del año y que tenemos derecho al acceso a nuestros garajes. En los últimos años esta situación de indiferencia, a pesar de nuestras quejas, se repite invariablemente. Los vecinos de la plaza del Deán exigimos que se nos notifique en tiempo y forma los posibles cierres de
la plaza y se tengan en cuenta nuestras dificultades de movilidad, antes que nos veamos obligados a emprender medidas legales”.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) Aragón y el Partido Comunista de España (PCE) emitieron este lunes sendos comunicados pidiendo más medidas para evitar accidentes laborales como el que tuvo lugar ese mismo día, en el que falleció el joven alcañizano Adrián Milián en la planta poblana de Prenavisa.

Para CCOO “en este accidente mortal y a la espera de la investigación del ISSLA y la inspección de trabajo, parece que han faltado las medidas de seguridad adecuadas que podían haber evitado que el trabajador haya perdido la vida en un suceso relacionado al parecer con una grúa pórtico.

El sindicato reclamó “a las empresas una mayor implicación en la prevención de riesgos laborales y a la administración la dotación de recursos en esta materia”.

Desde PCE consideraron que “la reiteración de muertes en este centro de trabajo debería ser causa para llegar a depurar responsabilidades no sólo administrativas o económicas, sino penales. La prevención de riesgos laborales tiene su fundamento en el estudio y la anticipación de los posibles accidentes. Los métodos técnicos y de organización del trabajo en materia de prevención deben garantizar la integridad de todo trabajador o trabajadora. La prevención se fundamenta en que, haya
error humano o no, se tiene que poder evitar cualquier accidente mortal. En caso contrario los métodos de prevención se convierten en simple burocracia empresarial. Por ello, las multas económicas se deben contemplar como un complemento, no como la única consecuencia ante una nueva muerte.

Sabemos que los recursos públicos para el control de la prevención de riesgos laborales y la inspección de trabajo son escasos e insuficientes. Y este es otro punto fundamental en la responsabilidad de las instituciones, su burocracia y los poderes políticos que confeccionan los presupuestos de estas.

Resulta inaceptable que el funcionamiento y beneficio de una empresa constructora se afiance sobre los riesgos mortales de su plantilla. Señalaremos siempre a sus propietarios, sus dirigentes empresariales y los poderes públicos que permiten la situación”.