Sucesos

Norbert Feher, el asesino confeso de los Guardias Civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero y de José Luis Iranzo, será juzgado por la Audiencia de Teruel el próximo 28 de enero, pero no por ese crimen, sino por los tiroteos a dos personas en Albalate del Arzobispo, antes de cometerse los asesinatos de Andorra.

Además de por esos dos delitos de tentativas de homicidio, Feher será juzgado por por un delito de tenencia ilícita de arma.

El juicio comenzará a las 9:30 h. en la sala de vistas de la Audiencia Provincial y, está previsto que se realice en un solo día.

Los tiroteos de Albalate tuvieron lugar el 5 de diciembre del 2017 en una casa de campo. Dos vecinos resultaron heridos de gravedad por arma de fuego que, según la calificación provisional del Ministerio Público, podría haber sido introducida ilegalmente en España careciendo de la licencia y del permiso necesario.

En su escrito el Ministerio Fiscal manifiesta que en este caso concurren dos agravantes: la de ejecutar los hechos con abuso de superioridad y la de aprovechar las circunstancias de lugar y tiempo que debilitaron la defensa de las víctimas y facilitaron la impunidad del encausado. Por ello, pide al tribunal que se condene al procesado a la pena de nueve años y once meses de prisión por cada uno de los dos intentos de homicidio y tres años de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas. Como responsabilidad civil solicita, además, que se indemnice a los dos perjudicados con 116.821,34 euros.

Los Bomberos rescataron en la madrugada de ayer miércoles a una persona mayor que no podía moverse de la cama en su vivienda de Alcañiz.

Al encontrarse sola en casa y permanecer inmóvil pidió ayuda a través del servicio de teleasistencia.

Los efectivos recibieron el aviso a las 4:20 h., acudiendo dos Bomberos y un oficial con el camión autoescala y el furgón de rescate.

Accedieron a la vivienda a través de la ventana de la cocina haciendo uso de la autoescala, permitiendo que esta persona pudiese ser atendida. También dieron aviso a sus familiares.

Un castelserano vecino de Alcañiz, A. C. J., ha sido condenado a ocho años y seis meses de prisión por los delitos de agresión sexual, lesiones y amenazas a su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de la pareja de Alcañiz entre la noche y la madrugada del 8 al 9 de enero del año pasado.

Según se recoge en la sentencia, A. C. J., con antecedentes penales recriminó a su pareja la adicción a las máquinas de juego recreativas enzarzándose en una discusión que llevó al hombre a poner el cuchillo con el que preparaba la cena en el cuello de su compañera y a golpearla con un cazo de cocina. Luego la obligó a mantener relaciones sexuales con él y le propinó más golpes con el mismo objeto.

Ella sufrió hematomas y fracturas por diferentes partes del cuerpo.

Al condenado, que se encontraba en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos, también se le condena a la suspensión de empleo cargo público y se le prohíbe aproximarse a la víctima a menos de doscientos metros y a comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de ocho años contados desde el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Además, deberá pagar las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular, y a indemnizar a la víctima en la cantidad de 630 euros por las lesiones causadas y en la cantidad de 6.000 euros por los daños morales y al SALUD en la cantidad de 530,12 euros por la asistencia sanitaria prestada a la perjudicada.

Once personas han sido condenadas a raíz de la creación de una empresa ficticia en Alcañiz. La empresa se llamaba “Kerzazi Abdelkader” y aparentemente se dedicaba a la construcción de edificios residenciales con actividad entre los años 2007 y 2013.

Uno de los condenados, A. K., con antecedentes penales, fue el creador de la empresa, que acumuló una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 515.826,54 euros, correspondiente a todo el periodo de alta, no habiendo ingresado en dicho periodo ninguna cuota al Régimen General de la Seguridad Social, pese a figurar hasta 49 trabajadores dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en el periodo comprendido entre abril de 2009 a abril de 2013.

A. K. usó esa entidad ficticia para simular toda la documentación relativa a la contratación de trabajadores y solicitar las altas de los mismos en el Régimen General de la Seguridad Social, presentando documentación simulada para que los trabajadores, actuando en connivencia con el empresario y simulando relaciones laborales inexistentes, obtuvieran de forma fraudulenta prestaciones o subsidios por desempleo, una vez resuelta su baja en el Régimen General de la Seguridad Social.

Además, el contrato de trabajo ficticio era utilizado por los acusados para obtener los permisos de residencia temporal y de trabajo y la correspondiente tarjeta sanitaria.

Cada uno de ellos ha sido condenado a la pena de un mes y quince días de prisión que se sustituye por la de tres meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y a la pena accesoria de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la Seguridad Social o gozar de incentivos o beneficios fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de tres meses, así como a pagar las costas procesales.

Seis de los condenados deberán indemnizar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Provincial de Teruel, en las cantidades que se acrediten en ejecución de sentencia a cuyo fin deberán librarse los oficios oportunos para determinar la cantidad pendiente de pago por los hechos.

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a dos años de prisión a dos hombres, I. H. y T. B., ambos de nacionalidad rumana, por el robo de tractores en diferentes poblaciones de Teruel y Navarra. Dos de estos robos se cometieron en Valmuel el 6 y el 7 de octubre del año 2011.

Según se indica en la sentencia, los dos hombres, que actuaron en equipo, acudieron de propio a esta pedanía de Alcañiz para cometer los robos.

Entre la noche del día 6 y la mañana del 7 rompieron la cerradura del acceso a una finca privada y se apropiaron de un tractor de la marca FENDT FAVORIT 818 VARIO, que fue recuperado en Rumanía y entregado a su dueño. El vehículo tenía pala elevadora y en su interior había una máquina niveladora y dos ordenadores de control de la empacadora, no recuperados y valorados conjuntamente en la cantidad de 16.000 euros.

Entre la noche y la mañana siguiente regresaron a Valmuel y accedieron a una nave agrícola saltando un muro de tres metros de altura. De allí se llevaron un tractor de la marca JOHN DEERE 7830 y que fue valorado en 92.000 €, que fue recuperado y devuelto a su dueño.

Se les considera autores de de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Además de la pena de prisión, deberán indemnizar con 16.000 euros al primer vecino de Valmuel por el material que le robaron y que no fue recuperado.

También deberá hacerse cargo cada uno de la mitad de las costas procesales causadas.

La sentencia es firme, ambas partes han manifestado la voluntad de no recurrir.

Alcañiz tiene varios edificios abandonados, públicos y privados, cuyo mal estado presenta un riesgo para viandantes y casas particulares. Es el caso del antiguo centro joven de los Torreones, la Torre de Palos o la antigua fábrica de chocolate Díaz.

Este último edificio, ubicado en la calle Escolapios, presenta desde hace años un estado ruinoso, lo que está afectando a quienes moran las casas que lindan con él.

Una de las vecinas afectadas sufre humedades a consecuencia del mal estado de la antigua fábrica y asegura que lleva años trasladando el problema al Ayuntamiento, quien es responsable, de que el edificio se mantenga en condiciones pese a ser de propiedad privada.

Además de las humedades, lo que preocupa a los vecinos es que el edificio se caiga y dañe sus viviendas.

Por ello, la citada afectada trasladó el problema al alcalde, Ignacio Urquizu, en el acto de recepción de los alcañizanos ausentes, celebrado el pasado mes de septiembre y en el que es tradicional trasladar públicamente asuntos sobre el estado de la ciudad.

Allí, Urquizu dijo a la vecina que presentase una instancia en el consistorio y que así su petición sería atendida: “si usted cree que hay una amenaza de derrumbe comuníquelo al Ayuntamiento y, si es así, le decimos a la familia que lo tienen que reparar. Si no lo hacen, lo derruye el Ayuntamiento y le pasa la factura a los propietarios”.

Siguiendo las instrucciones del alcalde, la afectada presentó tal instancia hace unos tres meses y, según aseguró a Bajo Aragón Digital, todavía sigue sin respuesta tanto ella como cualquier tipo de solución al problema.

Bajo Aragón Digital preguntó a Ignacio Urquizu el pasado jueves cómo tiene previsto actuar el Ayuntamiento ante esta situación, pero tampoco ha obtenido respuesta.

Ya en el año 2017, Ganar Alcañiz, cuya concejal María Milián forma parte del actual equipo de Gobierno (IU), denunció que “importantes elementos singulares de nuestro patrimonio”, entre los que citaba a la fábrica de chocolate, “permanecen en absoluto abandono”.